Han sido 3 días de horror y un estado de guerra. Entre el miércoles 7 y el viernes 9 de enero, la situación y el estado de ánimo de Francia han cambiado para siempre. Tras el choque, la ira y la emoción, llega hoy el momento del recogimiento y del duelo. En efecto, Francia marcha hoy contra el terror. Está claro que habrá un antes y un después.

Mayor cooperación con los operadores de internet para poder identificar y retirar «lo antes posible» contenidos que inciten al «odio y al terror», es una de las premisas que figuran en la declaración conjunta de once ministros de Interior y el ministro estadounidense de Justicia reunidos en París tres días después de los atentados contra el semanario 'Charlie Hebdo' y poco antes de la multitudinaria manifestación a la que asisten líderes de la Unión Europea y los Estados miembros.

«Son cobardes que reaccionan a la sátira empuñando sus Kalashnikovs». Así ha calificado el renombrado caricaturista francés Plantu a los asesinos de 10 empleados de la revista satírica Charlie Hebdo y dos. Uno de los periodistas asesinados, el dibujante Bernard Verlhac, conocido por el seudónimo de Tignous, era miembro de Dibujos por la Paz, la organización que Plantu fundó con el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, en 2006, a raíz de las protestas desatadas por las polémicas caricaturas sobre el profeta Mahoma que publicó el diario danés Jyllands-Posten.

Unos encapuchados han matado, al menos, a doce personas y herido a unas veinte, algunas de ellas de gravedad, en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Los terroristas que iban armados con fusiles Kalashnikov, irrumpieron en la redacción buscando al director de la publicación al grito de «Alá es grande». Es uno de los atentados más graves de la historia de Francia.

El informe que ha hecho público el senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA en la llamada «guerra contra el terrorismo» no es suficiente, afirman destacadas organizaciones de derechos humanos que pretenden que los responsables sean sometidos a juicio. Sostienen que se necesitan medidas adicionales para garantizar que funcionarios estadounidenses no repitan nunca más las torturas detalladas en el informe