21 entidades de la sociedad civil presentan una hoja de ruta para que el Gobierno surgido de las próximas elecciones generales acabe con las dramáticas consecuencias ambientales y económicas que supone el hecho de que en España el 70% de lo que tiramos a la basura acabe en un vertedero o en una planta de incineración.

España tendrá que explicar en el Tribunal de Justicia de la UE la insuficiente gestión que lleva a cabo en materia de residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Aunque las llamadas de atención se remontan a 2008, España no ha adoptado las medidas necesarias para clausurar, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales.

Utilizar mejor los recursos naturales en la UE podría significar un aumento del 30 % de la productividad para el año 2030 con un aumento cercano 1 punto porcentual del PIB y la creación de 2 millones de empleos.