El supuesto 'default' o suspensión de pagos argentino, un caso inédito en el capitalismo mundial, sienta un precedente jurídico, político y financiero, que insta a medidas concretas, sobre el tenue límite entre lo legal, lo ético y lo delictivo de la usura en los negocios.
El uno por ciento de los alemanes concentra hasta el 33 por ciento de la riqueza del país germano. Con esas cifras, la República Federal es el Estado de la zona euro con una mayor concentración de recursos en menos manos. Un estudio del Banco Central Europeo (BCE) alerta de que la fortuna de los más enriquecidos en el mundo es todavía mayor de lo que se pensaba.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se han puesto de acuerdo para cerrar los vacíos legales que han permitido a algunas grandes empresas librarse de pagar impuestos. Se trataba de una diferencia de criterios en los «acuerdos de créditos híbridos», una combinación de capital y deuda, que dejaba un resquicio por el que se escapaban los impuestos con el conocimiento de los países implicados.
En España la evasión en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se sitúa entre 18.000 y 19.000 millones de euros; más del 1,7 por ciento del PIB. Se estima que las rentas del trabajo se declaran totalmente, mientas que para el resto, el fraude va desde el 61% en el capital mobiliario hasta el 45,2% en las rentas empresariales que tributan en régimen de estimación objetiva.
El alcalde de Venecia y otras 34 personas siguen arrestadas por una supuesta trama de corrupción en las obras del proyecto Moíses, que tiene que servir para salvar la ciudad de ser anegada por el mar. Entre los detenidos hay políticos y empresarios que podrían ser acusados de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. El escándalo afecta a las principales fuerzas políticas, Partido Socialista y Forza Italia.
El Comité Moneyval, perteneciente al Consejo de Europa, encargado de luchar contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, ha publicado su informe anual en el que destaca que los Estados deben intensificar sus esfuerzos para conocer quien está detrás de las sociedades. Una información que debería ser accesible tanto para el resto de las empresas como para la policía.