Tras cinco días de silencio, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha comparecido hoy dos veces para aclarar el escándalo sobre el régimen fiscal en Luxemburgo. Primero, por sorpresa y sin previo aviso, en la sala de prensa; horas más tarde, en el Parlamento Europeo. En ellas ha querido aclarar que las empresas no han incurrido en ningún delito y niega cualquier conflicto de interés.
El laxo régimen fiscal de Luxemburgo no es noticia. Sí lo es desde el momento en que unos documentos revelan que cuando el ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro del Gran Ducado empresas extranjeras casi eludieron el pagar impuestos. El Ejecutivo comunitario, por el momento, cierra filas.
Importantes empresas como Apple, Ikea, Pepsi y otras 340 multinacionales más organizaron un sistema para evadir impuestos en Luxemburgo, entre 2002 y 2010. Un escándalo financiero más si no fuera porque el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker fue primer ministro del Gran Ducado entre 1995 y 2013.
Mientras cobra impulso una importante campaña mundial para reducir la evasión fiscal, los activistas contra la indigencia sostienen que la iniciativa pasa por alto a los estados más pobres. El 29 de octubre, 51 países de cuatro continentes acordaron intercambiar sistemáticamente información tributaria para 2017, con el objetivo de permitir a las autoridades registrar de inmediato cualquier desigualdad.
La Operación Púnica ha venido a poner la guinda en el gran pastel de la corrupción en España y no es que ocultaran su enriquecimiento acelerado alcaldes, concejales y otros políticos. Finalmente la justicia ha puesto al descubierto la trama en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia.
La Comisión Europea ha ampliado hoy las investigaciones para comprobar si el nuevo régimen fiscal gibraltareño favorece a algunas compañías a la hora de pagar el Impuesto de sociedades «contrarias a la normativa» comunitaria.
Joaquín Roy, catedrático de relaciones internacionales en la Universidad de Miami, analiza las consecuencias del escándalo que ha puesto al descubierto una red de corrupción en torno a Jordi Pujol, líder histórico y ex presidente de la autonomía de Cataluña. Sostiene que el asunto amenaza con terminar con la presidencia de su «hijo político» y sucesor, Artur Mas, con los planes de independencia, la celebración del referendo separatista, y con la coalición gobernante durante más de tres décadas.