La campaña #NoalTTIP, considera inadmisible que la Comisión Europea deniegue a los Estados miembros de la UE y sus representantes parlamentarios el acceso a los documentos tácticos de las negociaciones del TTIP
21 entidades de la sociedad civil presentan una hoja de ruta para que el Gobierno surgido de las próximas elecciones generales acabe con las dramáticas consecuencias ambientales y económicas que supone el hecho de que en España el 70% de lo que tiramos a la basura acabe en un vertedero o en una planta de incineración.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que más de 150 gobernantes aprobaron el domingo 27 en la ONU al cabo de una reunión cumbre de tres días, están considerados como un gran avance para la humanidad.
Miles de ciudadanos, unidos en plataformas y asambleas presionan contra el desembarco en España de la fractura hidráulica, una cuestionada técnica de extracción de petróleo y gas de esquisto, que agrieta el subsuelo con la inyección de agua y productos químicos a altísima presión.
El Parlamento Europeo ha instado la semana pasada a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomen medidas para evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en compensaciones por el Proyecto Cástor. El pasado diciembre, también la Defensora del Pueblo europea, Emilly O'Reilly, reclamó la atención de la Comisión al respecto.
Varias organizaciones han enviado un escrito a la Comisión Europea para que inste Gobierno español a que asuma sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad. Con un retraso de dos años y ante el consecuente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea, muchas Comunidades Autónomas han iniciado procesos de «aprobación masiva de los planes» con un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos.
Europa, en un ejercicio estratégico de transparencia, habría pretendido con la publicación del Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) que la Unión Europea quiere firmar con Estados Unidos acallar a un buen número de críticos. Estados miembros, a destacar Alemania, parlamentarios nacionales y europeos, así como organizaciones sociales de toda la Unión reciben con sorpresa la publicación de unos pliegos, que vienen a confirmar la veracidad del borrador filtrado en el verano de 2013.