Un juez federal de Washington ha condenado a un ex guardia de la empresa de seguridad Blackwater Worldwide a prisión perpetua, y a otros tres a 30 años por la matanza de 14 civiles iraquíes desarmados en 2007, y 17 civiles heridos. Es una sentencia histórica que sirve a la ONU para pedir una vez más que se regule la actividad de las empresas que contratan mercenarios.

Cuando se detectan episodios de violencia sexual, contra hombres, mujeres o menores de edad, en las misiones de paz de la ONU, ésta no demora en identificar a los responsables y expulsarlos a sus países de origen. Pero prácticamente no puede hacer nada para procesarlos, hacer justicia o asegurar una adecuada indemnización a las víctimas.