Hay un amplio consenso en que la Agenda de Acción de Addis Abeba significó una gran decepción para las naciones en desarrollo, así como para otros actores que esperaban contar con los medios necesarios para implementar las iniciativas de desarrollo nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El impuesto de sociedades en la UE necesita según Bruselas una reforma radical que ha comenzado por una serie de iniciativas para hacer frente a la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y reforzar el mercado único para las empresas. Unas medidas con las que espera que el impuesto de sociedades en la UE, sea más equitativo, más eficiente y más favorable al crecimiento.

Desde que estalló la crisis en 2008, los gobiernos de los países avanzados han estado sometidos a una gran presión. En muchos países, los ingresos tributarios se desplomaron bruscamente cuando se contrajo la economía, disminuyeron los ingresos y se paralizaron las transacciones inmobiliarias. En la mayoría de los casos la reducción de los ingresos tributarios fue repentina, profunda y duradera. Los gobiernos no tuvieron otra opción que la de subir los impuestos o adaptarse a una época de vacas flacas.

La evasión fiscal de las empresas transnacionales es un tema apremiante para la financiación del desarrollo posterior a 2015, ya que los fondos públicos son de vital importancia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países pobres. Las finanzas públicas nacionales son un elemento clave, según se desprende de un proyecto de agenda que ha circulado en los últimos días sobre la Tercera Conferencia de Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba.

El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros, el 72 por ciento de los cuales pertenece a grandes empresas y grandes fortunas. La cifra la ha revelado la oenegé Intermón Oxfam que acaba de lanzar una campaña para acabar con la evasión y la elusión fiscal de las multinacionales. Para ofrecer referencias, la cantidad que alcanza el fraude fiscal en el país es mayor que todo el presupuesto de Sanidad en un año (57.000 millones).

Pocos ciudadanos piensan en los impuestos que dejan de pagar las grandes corporaciones mientras se toman un café en Starbucks o consultan su iPhone. Pero la Comisión Europea duda si esas multinacionales pagan todos los impuestos que debieran y para comprobarlo ha puesto en marcha una investigación sobre el presunto trato fiscal favorable que los Estados les reservan. El Parlamento Europeo creó una comisión especial sobre la cuestión el pasado 12 de febrero.