Un año más vuelve la polémica entre el suministro de gas entre Rusia y Ucrania. Rusia acusa a Ucrania de robar gas, esta lo niega y corta toda relación comercial con Moscú respecto a este tema. Esta disputa salpica a diferentes países europeos.

El Parlamento Europeo ha votado a favor de que los estudios de impacto ambiental sean obligatorios ante cualquier plan de exploración y extracción mediante la técnica de «fracturación hidráulica» o fracking con la que se obtienen hidrocarburos no convencionales como el gas esquisto.

La UE va a presentar cargos contra el gigante ruso Gazprom al que acusa de haber impedido la llegada de gas a algunos de los 27 países de la UE y de haber impuesto precios exagerados a sus clientes. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que la multa que se podría imponer a la empresa gasística podría ser de hasta 15.000 millones de dólares.

El ministerio de Industria ha tenido que enviar urgentemente técnicos a Vinaròs (Castellón) para que estudien si la serie de terremotos de baja intensidad que están preocupando a la población del Levante español tienen su origen en la planta marina de almacenamiento de gas – Castor- situada a 22 kilómetros del litoral y que comenzó a funcionar en el mes de junio.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha elegido un proyecto español como el óptimo para usar, por primera vez, sus «bonos-proyecto», un programa conjunto con la Comisión Europea (CE) que sirve para financiar proyectos de infraestructuras clave en sectores como el transporte y la energía. El BEI invertirá 500 millones de euros en un almacén de gas subterráneo frente a la costa de Castellón.