Los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas con un «interés legítimo», por ejemplo, periodistas. El pleno del Parlamento que ha dado el visto bueno a la nueva directiva anti blanqueo ha aprobado, así mismo, nuevas reglas para facilitar el rastreo de las transferencias bancarias.

El exprimer ministro de Portugal, José Sócrates, ha entrado en prisión provisional en el penal de Évora, por peligro de perturbación en la investigación. Detenido desde el pasado viernes, el político socialista está acusado de delitos de fraude fiscal continuado, blanqueo de capitales y corrupción. Su abogado ha declarado que la medida es «injusta e injustificada» y que va a ser recurrida.

Mientras cobra impulso una importante campaña mundial para reducir la evasión fiscal, los activistas contra la indigencia sostienen que la iniciativa pasa por alto a los estados más pobres. El 29 de octubre, 51 países de cuatro continentes acordaron intercambiar sistemáticamente información tributaria para 2017, con el objetivo de permitir a las autoridades registrar de inmediato cualquier desigualdad.

En España la evasión en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se sitúa entre 18.000 y 19.000 millones de euros; más del 1,7 por ciento del PIB. Se estima que las rentas del trabajo se declaran totalmente, mientas que para el resto, el fraude va desde el 61% en el capital mobiliario hasta el 45,2% en las rentas empresariales que tributan en régimen de estimación objetiva.

Mientras la crisis económica ha llevado a muchos países a la disminución de este tipo de economía, en España no para de crecer y ya representa el 28% del PIB, según un reciente estudio. La proliferación de pagos en metálico y el continúo uso de billetes de altas cantidades, una pista a seguir.