Ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este domingo 9, aumentan las preocupaciones de que estos no se beneficien plenamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los gobernantes de todo el mundo aprobarán en una cumbre mundial en septiembre.

Si la indígena Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del Premio Ambiental Goldman para América del Sur y América Central 2015, deja una enseñanza, es que para defender el medioambiente hay que apoyarse en los movimientos sociales.

La primera lengua del indígena Celso García, de 51 años, es el mixteco. En su niñez, este padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace cuatro meses, tuvo que aprender el español, para desenvolverse entre mestizos, la mayoría dominante en México.

El clamor de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus tierras ancestrales ha resonado entre los cónclaves de los delegados de los 195 países que asisten a la COP 20. «Quiero mi territorio... ahí vivo, ahí como, ahí están mis santos abuelos», grita llena de rabia la asháninka Diana Ríos. La joven de 21 años es la hija de Jorge Ríos, un líder indígena que fue asesinado en septiembre por defender los bosques de su comunidad Alto Tamaya-Saweto en la región Ucayali de la selva peruana.

Los hidrocarburos no convencionales han reactivado los conflictos indígenas en el suroeste de Argentina. Sobre Vaca Muerta, la formación geológica que alberga esas reservas, viven 22 comunidades mapuches que reclaman porque no fueron consultados sobre la explotación de sus tierras ancestrales, «arriba y abajo».

Un importante comité de la junta directiva del Banco Mundial ha rechazado las solicitudes para modificar un borrador de declaración política que, según un centenar de organizaciones de la sociedad civil, implicaría un retroceso de varias décadas en las disposiciones que protegen de abusos a las poblaciones indígenas, los pobres y los ecosistemas frágiles.

En San Bernardino Chalchihuapan, un municipio del estado mexicano de Puebla, supieron de mala manera las consecuencias de protestar, ahora que una ley permite el uso de armas para disipar concentraciones públicas. Sus habitantes fueron duramente reprimidos cuando se manifestaban contra otra norma que, aducen, atenta contra su autonomía. Desde mayo, en unos 190 pueblos del estado nadie ha nacido, ni se ha muerto, ni se ha casado. Al menos, oficialmente, porque no hay actas.