Telefónica cobra en España a otros operadores por utilizar su red para dar servicios de banda ancha a los consumidores. A juicio de la Comisión Europea el precio que ha fijado es abusivo, más del 50 por ciento de los costes, por esa razón pide al organismo español que regula las telecomunicaciones que retire o rebaje la propuesta de Telefónica para que se adapte a la normativa europea.