El Parlamento Europeo ha instado la semana pasada a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomen medidas para evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en compensaciones por el Proyecto Cástor. El pasado diciembre, también la Defensora del Pueblo europea, Emilly O'Reilly, reclamó la atención de la Comisión al respecto.

Esther Herrera / Bruselas

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha comunicado hoy que ha hecho llegar al Ejecutivo comunitario el Informe del proyecto Castor del Síndic de Greuges, su homólogo catalán. Esta es una de las peticiones del documento que pide que se utilicen todas las medidas legales posibles para que se suspenda el Real Decreto Ley del gobierno español que concede indemnizaciones a la constructora del depósito de gas con dinero público.