El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará México y Costa Rica entre el 2 y el 4 de mayo, conversará con Peña Nieto sobre educación, energía, agua y comercio, además de los inevitables asuntos de migraciones y seguridad en el marco de la extensa frontera común. Desde 1994, Estados Unidos y México conforman junto con Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

Si bien este acuerdo ha tenido una influencia positiva en los flujos comerciales bilaterales, su impacto ha sido menos visible en el crecimiento económico y la generación de empleo en México. Los interrogantes de expertos y dirigentes de variados sectores se centran en si finalmente habrá cambios de relieve en las relaciones entre ambos países respecto de los presidentes que precedieron a Peña Nietro, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, los conservadores Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos del hoy opositor Partido Acción Naciona (PAN)l.

Si Fox centró el vínculo con la potencia vecina del norte en las migraciones, Calderón lo hizo girar alrededor de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Ambos casos probaron ser fallidos, por lo cual Peña Nieto deberá revisar el menú para encontrar otras temáticas que satisfagan los intereses mexicanos según los analistas.

George Grayson, especialista en temas mexicanos de la estadounidense universidad William & Mary. Señala que «aunque la seguridad será un tema clave en la agenda, Peña Nieto quiere discutir sobre educación, salud, programas para jóvenes y el fortalecimiento del tejido social de México. Este académico añade que «la relación apenas se está materializando. Como cualquier nuevo presidente, Peña Nieto quiere ampliar su lista de socios comerciales y fuentes de inversión. Esa es una razón por la que fue a China y Japón antes de recibir a Obama».

México le vendió a su vecino en 2012 por 277.653 millones de dólares, 5,6 por ciento más que en 2011, según cifras del Departamento (ministerio) de Comercio de Estados Unidos, mientras que el flujo comercial a la inversa alcanzó los 216.331 millones de dólares, un crecimiento del nueve por ciento respecto del año anterior. Conforme se llega al 20 aniversario de la negociación de ese tratado, Obama y Peña Nieto quieren relanzarlo para potenciar la relación comercial. Pero la sombra de temas acuciantes como la emigración mexicana indocumentada y el tráfico de drogas planean sobre el nexo bilateral.

Para Agustín Escobar, del estatal Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente (Ciesas), «ha habido un descarrilamiento de la relación, por el cual la seguridad, el terrorismo y el narcotráfico hicieron que otros temas no se tocaran». «Se necesita un mecanismo de cooperación bilateral eficaz, que resuelva los problemas comunes.

Escobar forma parte de un grupo de 28 especialistas de instituciones de México y de Estados Unidos que han elaborado el informe «Diálogo binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y México». Entre sus conclusiones figuran una reducción de la emigración mexicana irregular a Estados Unidos desde 2008, un mayor desempleo y menores ingresos entre los extranjeros en ese último país y asistencia y rendimiento escolares bajos en niños y jóvenes afectados por el fenómeno.

En Estados Unidos viven unos 11 millones de extranjeros indocumentados, la mitad de ellos de origen mexicano, según la oficina de censos de ese país. El Senado de ese país debate una propuesta de reforma migratoria que estipula su regularización, sujeta a la aprobación de exámenes de inglés y de historia, el pago de una multa y la comprobación de ingresos por encima de la línea de la pobreza y una serie de otros trámites engorrosos.

Organizaciones de la sociedad civil han puesto la lupa sobre el encuentro para que ambos gobiernos protejan los derechos humanos y combatan la impunidad. «Tienen que reconocer que hay una crisis de derechos humanos, provocada por los modelos de seguridad y económico aplicados», declara la coordinadora regional para Mesoamérica de la ONG Asociadas por lo Justo (JASS), Marusia López.

Esa y otras 127 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, México y América Central han enviado una carta al presidente Obama para que revise el modelo de seguridad basado en la militarización de la frontera, la lucha contra la impunidad y la violencia de género y el respeto de los derechos humanos de los emigrantes. La misiva se suma a la del 23 de este mes por parte de 23 legisladores estadounidenses, en la que expresan a Obama su preocupación por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en México.

Los parlamentarios denunciaron que «la crisis de los derechos humanos no mejorará hasta que haya mayor protección jurídica, un aumento en la capacitación en materia de derechos humanos para las fuerzas de seguridad de México y más agentes del gobierno que rindan cuentas». El Departamento de Estado (ministerio de Asuntos Exteriores) de Estados Unidos aún retiene 18 millones de dólares de la Iniciativa Mérida hasta que ese país identifique las áreas de futura colaboración con el gobierno de Peña Nieto en aspectos humanitarios fundamentales.

Washington ya ha proporcionado a México más de 1.900 millones en asistencia de seguridad desde 2008, cuando entró en vigor esa asistencia decidida por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009), que incluyó también a América Central. Apenas iniciado su mandato en diciembre de 2006, Calderón lanzó a las calles a miles de soldados y policías para combatir a las mafias narcotraficantes que se disputaban a sangre y fuego las vías de distribución de drogas rumbo al mercado estadounidense.

Los resultados de esa estrategia fallida hablan por sí mismos, pues suman más de 100.000 homicidios, unos 25.000 desaparecidos, 240.000 desplazados internos y casi 3.000 denuncias de abusos, torturas y otros gravísimos delitos contra las fuerzas de seguridad, según datos de organizaciones de derechos humanos. «Estados Unidos permanece ignorante sobre la pretendida estrategia de seguridad de México. El concepto de la Iniciativa Mérida se difuminará porque está ligada a Calderón», anticipa Grayson.

Para López, los mecanismos institucionales que existen son buenos, pero tienen que funcionar. «El problema está en su evaluación. Si no hay dureza en el cumplimiento de los compromisos, quedan en letra muerta. El problema está en los resultados».