«La llamada Alianza Global para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh se ha creado sin consultar a los involucrados ni a sus representantes. Se trata de otro esquema 'voluntario' sin mecanismos significativos para su aplicación», explica Richard Trumka, presidente de la poderosa central sindical estadounidense AFL-CIO. «Las compañías que integran la alianza y que no cumplan con el compromiso no estarán sujetas a consecuencias negativas, salvo la expulsión del esquema. Mientras, seguirán pagando las trabajadoras», explica el líder de la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).

De hecho, las compañías que decidan retirarse de la alianza solo estarán sujetas a una penalización que implica el pago de su parte de los costes administrativos, según una respuesta conjunta ofrecida por una decena de organizaciones defensoras de los derechos laborales (entre las que no está AFL-CIO). Para las grandes compañías, esa suma representa unos cinco millones de dólares, una pequeña cantidad respecto de los ingresos de Walmart, por ejemplo, que ascienden a más de 400.000 millones de dólares al año.

El comunicado de las organizaciones, entre las que se destacan International Labor Rights Forum y el Consorcio de los Derechos del Trabajador, señala que «para una compañía cuyos ingresos ascienden a miles de millones de dólares, ese tipo de multas representan un coste mínimo por el simple hecho de hacer negocios, pero no es un elemento de disuasión serio». «Eso confirma un pronóstico realizado hace tiempo por los defensores de derechos laborables: que Walmart, Gap y otras compañías similares no quieren hacer promesas que luego tengan que cumplir», remarca el comunicado. «Lo que quieren es hacer promesas ahora que el asunto concentra la atención de los medios y del público, pero que luego puedan incumplir cuando les convenga y a un coste simbólico».

La creación de la nueva alianza finaliza un proceso de cinco semanas de negociaciones entre las compañías, dos meses y medio después de que el derrumbe de una fábrica en Daca costara la vida a 1.100 personas, el peor desastre en la historia de la industria textil de Bangladesh.

Miedo a la responsabilidad

El acuerdo, que tiene un plazo de cinco años, se concreta después de que casi 70 compañías, principalmente de Europa, aceptaran apoyar un nuevo pacto de seguridad en la construcción y de incendios, y que contó con la aprobación de organizaciones de defensa de los derechos laborales. Casi todos los grandes consorcios empresariales estadounidenses y canadienses se negaron a suscribir ese acuerdo con el argumento de que quedaban sujetas a demasiada responsabilidad legal.

«La principal razón por la cual no pudimos firmar el acuerdo es que Europa tiene un ambiente legal diferente al que tenemos en Estados Unidos y Canadá», explica Jay Jorgensen, vicepresidente de Walmart y responsable de cumplimiento normativo, durante el anuncio de la nueva alianza, este miércoles. «El acuerdo cuenta con algunas disposiciones que, según el sistema legal canadiense y estadounidense, podría someternos a litigios y responsabilidades legales ilimitadas», añade.

Jorgensen explica que «estas compañías pusieron unos 146 millones de dólares para arreglar la situación en Bangladesh. No queremos que ni un solo dólar termine en manos de abogados; queremos que cada centavo se destine a las fábricas». La alianza incluye a minoristas como Target, Macy's, Nordstrom, Kohl's, Sears, L.L. Bean y J.C. Penney.

El acuerdo de la nueva alianza prevé que se cree para octubre un conjunto de estándares de seguridad comunes para todas las plantas que fabrican productos para sus miembros. Después de un año, las instalaciones deberán someterse a un proceso de verificación externo a cargo de auditores elegidos por las propias empresas. La alianza también señala que su nuevo enfoque otorgará un papel clave al empoderamiento de los trabajadores y se compromete a instaurar, entre otras cosas, nuevos comités que los representen.

La alianza se ha comprometido a destinar 42 millones de dólares a un fondo de seguridad para los trabajadores y a aportar más de 100 millones de dólares para mejorar la infraestructura de las fábricas. Esos aportes se mantendrán durante los próximos cinco años, aunque los críticos alertan que es una decisión voluntaria.

Objetivo comunes

Al principio parecía que al rechazar el acuerdo europeo, las compañías norteamericanas, sencillamente, continuarían con sus propios planes. En las últimas cinco semanas, los exsenadores estadounidenses George Mitchell y Olympia Snowe han encabezado las negociaciones promovidas por el Centro de Política Bipartidista, con sede en Washington. «Antes de iniciar este proceso, los miembros de la alianza han decidido que no se unirían al acuerdo europeo, así que esto no es un tema de la alianza versus el acuerdo», precisa Mitchell. Pero acota: «Mi deseo, y hablo a título personal, es que un día no muy lejano, los miembros de la alianza y las empresas del acuerdo europeo se esfuercen por converger lo más posible. El criterio debería ser simple: ¿cuál es la mejor forma de ampliar la seguridad laboral?», puntualiza.

Acercar los dos enfoques parece ser uno de los objetivos más importantes a medio plazo, al menos para algunos actores. Snowe señala que el nuevo pacto estaba «pensado para funcionar en colaboración con el acuerdo europeo», incluida la creación de una junta asesora mixta que, «con suerte, pueda acercar los objetivos».

Bangladesh y las principales cadenas textiles se comprometen a mejorar sus condiciones laborales