Un consejo de ministros extraordinario celebrado en la mañana del sábado ha decretado el estado de alarma, por primera vez en la historia de la democracia española. El objetivo es permitir que los controladores aéreos queden movilizados y se les pueda aplicar el Código Penal militar, como medida extrema para que vuelvan al trabajo.

Los aeropuertos españoles y el espacio aéreo están cerrados desde la tarde del viernes, al no acudir a sus puestos de trabajo un número de controladores aéreos necesario para garantizar la seguridad de los vuelos. Por la noche, el Ejèrcito tomó el control de las instalaciones, pero la medida no surtió efecto. No todos los controladores acudieron a su turno de trabajo y la mayoría de los que lo hicieron, también se negaron a trabajar.

El caos en los aeropuertos ha sido total. Ni Aena ni las compañías aéreas podían dar explicaciones a los cientos de miles de viajeros que se vieron atrapados, sin previo aviso, justo en el día de salida de un puente de cinco días.Este sábado la situación es similar. Los pasajeros se aglomeran de nuevo para saber cuándo pueden volar. Sin embargo, no se puede prever la evolución en las próximas horas..

Con el decreto de estado de alarma, los controladores que no trabajen, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal militar. Este delito puede acarrear penas de entre dos años y cuatro meses de cárcel hasta seis años y pérdida de empleo.

«Chantaje a los ciudadanos»

El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que el espacio aéreo español quedará cerrado previsiblemente hasta el domingo, a no ser que todos los controladores acudan a trabajar inmediatamente y la apertura se pueda adelantar algunas horas.

Rubalcaba ha dicho que nadie podía prever que el colectivo de controladores «fuera tan insensato, al tomar una decisión no para hacer daño al gobierno, sino a los ciudadanos». El ejecutivo español, ha dicho, no va a consentir «el chantaje de los controladores a la ciudadanía para mantener sus privilegios.»

El estado de alarma se mantendrá en principio durante 15 días. El gobierno confía en que no se agote este plazo porque para prorrogarlo tendría que autorizarlo el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, tampoco se podrá solucionar rápidamente: «La normalización definitiva no va a ser fácil, se han suprimido muchos vuelos y hay que reconfigurar todo el espacio aéreo y no va a ser cuestión de horas, sino de algo más», ha dicho el vicepresidente.

El pasado mayo entró en vigor la nueva ley por la que se fijaban las condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que establece una nueva organización del trabajo y rebaja los salarios de este colectivo.

Desde entonces se mantienen negociaciones entre los sindicatos de controladores y Aena para acordar los términos concretos de la nueva regulación laboral y paralelamente se repiten los episodios de absentismo laboral. El viernes por la mañana, el Consejo de Ministros ratificó en un Real Decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo será de 1.670. Horas después se decreta el cierre del espacio aéreo porque los controladores abandonan masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.