Nueve mujeres de la norteña ciudad marfileña de Katiola han sido condenadas por practicar el rito de la mutilación genital en mujeres. Es la primera vez que se aplica una ley de 1998 contra esta tradición.

Las mujeres fueron halladas culpables de mutilar los genitales de niñas de entre 10 y 15 años en febrero, y han sido sentenciadas a un año de prisión y a pagar una multa equivalente a 100 dólares.

«Hemos esperado mucho tiempo un impulso en la lucha contra este flagelo», dice Rachel Gogoua, directora de la no gubernamental Organización Nacional para la Infancia, las Mujeres y la Familia, con sede en Abiyán. «El tiempo de crear conciencia ha terminado. Ahora necesitamos castigar a los perpetradores», añadió. El tribunal de Katiola emitió las sentencias el 18 de este mes, pero considerando la edad de las mujeres (entre 46 y 91 años) las ha eximido de cumplirlas en prisión.

Gogoua opina que las mujeres condenadas deberían cumplir al menos un tiempo simbólico en prisión para enviar un mensaje a otros que todavía practican la mutilación en diversas partes del país. «La ley que prohíbe esas prácticas se aprobó en 1998, y hemos realizado una extensa campaña de educación pública al respecto. Al final, tenemos que darnos cuenta de que estas mujeres nos están tomando el pelo. Están muy al tanto de la ley, pero la desafían con el pretexto de que es una tradición».

A pesar de la ley de 1998, la mutilación genital femenina sigue siendo una práctica generalizada en Costa de Marfil, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que estima que el 36 por ciento de las mujeres marfileñas han sido sometidas a la mal llamada «circuncisión femenina», lo que hace de este país uno de los más afectados de África.

La práctica consiste en la remoción completa o parcial de los genitales externos femeninos, según la Organización de las Naciones Unidas. Es más común en las zonas norte y noroeste del país, donde casi el 88 por ciento de las mujeres han sido mutiladas, y en el oeste, donde la prevalencia es del 73 por ciento, según Unicef.

Massandjé Timité, de 33 años, es originaria de Marandallah, en el norte. «Todavía siento el dolor de la ablación, 15 años después», nos dice. «Fue un trauma terrible. Las heridas curan muy lento, y cada día que pasaba me sentía peor», cuenta.

Timité dice que invocar la tradición es un argumento débil. «Cuando la escisión se hace mal, como fue mi caso, nadie viene a ayudarte. ¿Dice la tradición que una mujer debe perder exactamente lo que le permite dar vida?», se pregunta.

A pesar de numerosas campañas de toma de conciencia, la mutilación se sigue practicando. «Entre nosotros, los wobé (grupo étnico del oeste), es vergonzoso que una mujer sea llamada 'zoegbe' (no circuncidada)», explicó Cécile Gnowahou, de 26 años, que fue sometida a la ablación cuando tenía 11. «No tienes derecho a casarte, y por lo general te ridiculizan en la aldea. Es una costumbre que existía antes de nuestros padres y de nuestros abuelos», afirma.

«La ablación causa mucho más daño del que una piensa», dice Gnowahou. «A veces incluso provoca la muerte de la víctima. Sin embargo, cuando esto ocurre, la situación se resuelve en forma amigable entre las familias». La propia experiencia de Gnowahou ilustra el dilema social que representa la mutilación genital que sufren muchas mujeres. «No solo no me pude casar después del prolongado sangrado que sufrí, sino que ahora, como los tiempos han cambiado, cualquier hombre que sabe de mi condición automáticamente me rechaza».

Expresa su esperanza de que, si se aplica la ley, se reduzca la costumbre de la mutilación genital. Con ella coincidió la ministra de Familia, Mujeres e Infancia, Raymonde Goudou Coffie, que señala que la sentencia de Katiola es solo el comienzo.

La ministra afirma que se aplicará la ley con toda severidad contra las prácticas que atentan contra la dignidad humana, particularmente la de las mujeres.