Ni la Historia, ni el idioma ni los vínculos de España y Latinoamérica parecen haber pesado en la decisión de dónde establecer la sede de la nueva Fundación Unión Europea-América Latina y Caribe. En Bruselas se ha decidido que sea en Hamburgo (Alemania). España, ni siquiera optaba a la plaza, ya que las otras ciudades candidatas eran París y Milán.
En la Cumbre de la Unión Europea y América Latina, en mayo de 2010, en Madrid, durante la presidencia española de la UE, se tomó la decisión de crear una Fundación que impulsara estrategias y acciones comunes entre los dos bloques para reforzar su relación y su visibilidad ante el resto del mundo.
Era, desde luego, una iniciativa europea y no sólo española, pero todo hacía pensar que España podría tener un papel más relevante en el proceso y en su conversión en hechos. Sin embargo, no ha sido así. Tampoco la presidencia de la Fundación irá a manos españolas. No es oficial, pero se sabe que el cargo irá a la ex comisaria de Asuntos Exteriores, la austriaca Benita Ferrero-Waldner, quien sí habla un español correcto.
Los primeros pasos de la Fundación tienen aún una laguna importante: su financiación. La Comisión europea se comprometió en su día a aportar fondos, sin cuantificar, y el ministerio alemán de Exteriores ha hecho pública su intención de invertir 300.000 euros. Se espera también que los 60 socios europeos y latinoamericanos hagan aportaciones, pero no se han concretado.
Los recursos que tenga el nuevo organismo serán decisivos para determinar su capacidad de acción. Un portavoz del gobierno alemán asegura que «la Fundación UE-ALC contará con un presupuesto y distribuirá fondos para promover proyectos específicos. Como su capacidad para emprender proyectos propios es muy limitada, dependerá de su colaboración con instituciones asociadas en Europa y Latinoamérica para llevar adelante su trabajo».
En declaraciones a Deutsche Welle, el director del Instituto alemán de Estudios Latinoamericanos, Detlef Nolte, se muestra escéptico sobre sus objetivos y su eficacia: «La fundación no es un órgano que pueda tomar decisiones políticas de relevancia en nombre de la Unión Europea».
