Greenpeace presentará una denuncia ante la Comisión Europea
El gobierno español ha sacado adelante una ley de costas que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios, excepto los nacionalistas catalanes (CiU) que se ha abstenido. Una ley duramente criticada por los grupos ecologistas. Greenpeace ha denunciado la «falta de rigor» de la reforma legislativa, que dejará sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros.
El ejecutivo del PP, que en su anterior legislatura convirtió en zona urbana, miles de hectáreas de suelo rústico o verde, lo que facilitó la burbuja inmobiliaria, hace ahora lo mismo con la zona costera, la considera zona urbana, lo que permitirá a muchos propietarios y ayuntamientos construir o modificar edificiaciones a menos de 20 metros de la costa. Estas modificaciones, igual que pasó en la década del 2000 quedarán a expensas de las decisiones municipales y de las Comunidades Autónomas. Para el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, el gobierno «protege así el litoral español».
La nueva ley permitirá que unas 24.000 viviendas levantadas en dominio público puedan ser heredadas, vendidas o alquiladas, prorroga 75 años la concesión a sus propietarios, amnistía a las urbanizaciones de unos 12 núcleos costeros y unas 1.700 instalaciones industriales, podrán seguir trabajando.
A la misma hora que se iniciaba el debate parlamentario, varios miembros de Greenpeace, han conseguido subir al tejado del Congreso de Diputados para protestar contra la reforma. Posteriormente los ocho han sido detenidos y tras doce horas en las dependencias policiales han quedado en libertad. El magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha fijado comparecencias mensuales y va a dictar de oficio al presidente del Congreso para preguntarle si el acto de la ONG ha alterado el normal funcionamiento de las Cortes. El presidente, Jesús Posada, ha reconocido que se han producido «fallos de seguridad» y se ha abierto una investigación para esclarecer como los activistas han conseguido burlar la seguridad.
Este grupo ecologista ha sido uno de los más litigantes con la ley. La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha mostrado su repulsa señalando que con su aprobación «terminan 25 años de protección para el litoral ya que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar».
Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estudie si vulnera varias directivas comunitarias, entre ellas la relativa a la conservación de aves silvestres y de hábitats naturales. Europa ha seguido de cerca el proceso de preparación de la ley. Hace un mes, una delegación del Parlamento Europeo visitó la costa española para conocer «in situ» como afectaría la ley al litoral español.
