La legislación europea obliga a las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes a disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales desde 1998. Según la Comisión Europea, no ocurre eso en España, donde los vertidos se realizan en zonas sensibles o potencialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. Los Estados son los encargados de garantizar el sistema.

Bruselas envió un dictamen motivado a España sobre el caso en 2008, en el que instaba a cumplir lo establecido en la directiva europea y considera que, pasado este tiempo, los progresos han sido insuficientes, por lo que ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Pero hay más. La Comisión denuncia el retraso en la presentación de los planes hidrológicos de cuenca que establece la directiva marco del agua, con el fin de conseguir un buen estado ecológico y químico para 2015.

Y más. La Comisión ha pedido a España que tome medidas para mejorar la calidad del agua potable de Las Filipinas, una urbanización situada en San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante, donde los residentes llevan más de una década bebiendo agua impropia para el consumo humano. El caso está en las instituciones europeas desde 2005 y España aún no ha tomado medidas para resolverlo.