Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO.), Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, que participarán en la delegación española, quieren plantear al comisario que se dé validez a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, que ya se aplican hasta el año 2005. Si se permitieran, los armadores no tendrían que devolver las ventajas fiscales que recibieron hasta 2010.
También quieren exigir a la Comisión que se dote a la industria europea de la construcción naval de la seguridad jurídica necesaria para evitar las continuas guerras comerciales del sector.
Según el ministro de Industria español, José Manuel Soria, los 3.000 millones de la devolución harían un «daño irreversible e irrecuperable» al sector naval español del que dependen unos 80.000 empleos de Galicia, País Vasco y Asturias. La CE reclama la devolución del 95% del dinero ahorrado entre 2005 y 2011.
Por su parte, Almunia, explica que si dejara de reclamar esa devolución estaría violando la legislación de la UE. Insiste en que los que deben devolver el dinero son los armadores y las empresas, no necesariamente dedicadas al sector naval, que invertían en buques en construcción para aprovechar las exenciones fiscales de la 'tax lease', y no los astilleros.
Pero los armadores tenían a su vez contratos con los astilleros, que ahora les obligarán a devolver una parte del dinero. Contratos que Bruselas no reconoce.
España argumenta que a Francia, en situación parecida, se le aplicaron los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Una diferencia de trato que niega la Comisión que dice que «desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta la mitad del 2005 no pedimos la devolución de ayuda porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo».
Desde el Parlamento Europeo, varios diputados piden también a la Comisión que rechace el próximo día 17 la propuesta del comisario de Competencia de considerar ilegal la 'tax lease'.
¿Qué es la 'tax lease'?
Es un sistema de leasing por el que el armador vende el buque a una agrupación de interés económico (AIE) que no está obligada directamente a pagar impuestos, y que a su vez se lo alquila al armador. Al final del proceso el coste del barco se reduce entre un 20 y un 30%.
Este sistema se ha empleado para la construcción de otros productos. La CE considera que entre 2002 y 2010 se hicieron 273 transacciones de ese tipo para construir buques.
En mayo de 2006 dos asociaciones holandesas de astilleros y una empresa individual presentó una queja ante la UE. Asociaciones de otros siete países se unieron, entre ellos Noruega, Finlanfia y Portugal.
En 2012 el Gobierno reformó la 'tax lease' y la Comisión Europea validó el nuevo modelo, pero es muy probable que cuando el litigio actual se solucione, Holanda vuelva a denunciar.
