El Estado español presenta un índice de discriminación SIGI global «muy bajo», calificación que puede desgranarse en cinco grandes áreas: discriminación familiar («bajo»), integridad física («bajo»), sesgo sexual en la planificación sexual («bajo»), fuentes y recursos («muy bajo»), y libertades civiles («muy bajo»).

La escala SIGI establece una puntuación muy detallada dividida en cinco escalones: «muy bajo» (un balance inferior a 0,04), «bajo» (de 0,04 a 0,12), «medio» (de 0,12 a 0,22), alto (de 0,22 a 0,35) y «muy alto» (mayor a 0,35). En estos márgenes, la calificación española (0,0049) apenas es mejorada por Bélgica (0,0016), el país más ejemplar de los 160 analizados, Francia (0,0034) y Eslovenia (0,0037).

Por vez primera este informe anual, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluye datos de los 34 países miembros del llamado 'club de los ricos'. En total son 160 los Estados analizados, aunque sólo existen datos completos de 108, entre los cuales el 16 por ciento registra niveles «muy altos» de discriminación de género.

Los miembros de la OCDE ocupan puestos de cabeza, pese a desafíos como las libertades civiles y la integridad física. Así lo revela el estudio hecho público en Oslo (Noruega), que resalta asimismo que las legislaciones nacionales de estos países aseguran la igualdad en los derechos económicos y políticos. La peor parte se la lleva Oriente Medio y el norte de África, las regiones que peor paradas salen en cuanto a la libertad de género, seguidas de África subsahariana y el sur de Asia.

El número de matrimonios precoces ha descendido en los considerados 'países en desarrollo', si bien se trata de una práctica que persiste en zonas como Nigeria, donde afecta al 60 por ciento de las mujeres. La desigualdad en el tiempo dedicado pero no remunerado al cuidado de personas es asimismo otro de los grandes abismos entre hombres y mujeres, con situaciones como la pakistaní, donde las diferencias se multiplican hasta por diez en detrimento de las segundas.

Pobres e indígenas

El SIGI 2014, cuyos datos concretos pueden consultarse en línea, critica por otro lado la «doble discriminación» que sufren las mujeres empobrecidas y las indígenas. Enfatiza asimismo la necesidad de mejorar los servicios sociales para luchar contra la «injusta carga» de trabajo asistencial no remunerado y la importancia de eliminar las barreras que separan a las féminas del empleo a tiempo completo.

Una de cada diez mujeres denuncia haber sufrido violencia doméstica, porcentaje que se dispara hasta el 80 por ciento en casos como el de Angola. Y prácticamente la mitad de las que viven en alguno de los 28 países donde está extendida la mutilación genital ha sufrido esta práctica.

Otro dato para las estadísticas más negras, siempre según este baremo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las leyes o costumbres de hasta 102 Estados siguen denegando a las mujeres los derechos que tienen los hombres para acceder a la tierra.

Como refleja la tercera edición del SIGI, no sólo los malos tratos sino también las legislaciones, las actitudes y las prácticas restrictivas, la justicia y las oportunidades de empoderamiento son formas de discriminación de género.

El informe deja cinco puntos para la reflexión: las instituciones sociales pueden ser una fuente de transformación y empoderamiento positivos, las instituciones sociales discriminatorias tienen un efecto dominó en el ciclo de vida global de las mujeres, las leyes y las políticas neutras en cuanto al género no son suficiente garantía de igualdad, cada vez hay más datos acerca de la igualdad de género pero aún son necesarios grandes esfuerzos para rellenar los huecos existentes, y la unidad de voces y acciones es imprescindible en esta lucha.