Los jueces consideran que el gobierno español no realizó los suficientes esfuerzos para respetar el «derecho de la madre a vivir con su hija», que no ha dejado de reclamarla desde la última vez que la vió, el 27 de septiembre de 2005. Los responsables asistenciales que presenciaron los 3 únicos encuentros que mantuvieron madre e hija, aseguraron que la mujer era «irrespetuosa, agresiva y violenta», explicación que desestima la corte europea. No se le permitió ninguna visita más y se le acusó de abandono

En la sentencia, que añade que no se puede «privar a una madre de su hija únicamente por motivos económicos», se señala que durante el proceso se ha impedido la reagrupación familiar y reconoce que la RMS estaba capacitada para hacerse cargo de la niña.

Los hechos comenzaron en 2005, cuando los padres acudieron con su hija a los servicios sociales de Motril a pedir trabajo y alimentos. Los servicios sociales detectaron desnutrición en la menor y decidieron retirarle la custodia a la madre. Una decisión que fue avalada por la justicia española.