El comisario Almunia no ha especificado la cantidad que se deberá devolver, según ha dicho es el ministerio de Hacienda de España el que debe fijar la cantidad, cuando se debe hacer y cómo se hará.

Lo que sí ha dejado claro es el periodo en el que las ayudas fiscales se consideran ilegales que es desde el año 2007, cuando la Comisión declara públicamente incompatible un sistema que estaba aplicando Francia similar al español.

Corresponde a las llamadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y a sus inversores devolver las cantidades que se determine, ya que «se han beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales que ahora deben restituir al Estado español» ha dicho Almunia.

El comisario ha recalcado que existe un régimen fiscal no selectivo, que la Comisión aprobó en noviembre de 2012, que se puede utilizar para financiar al sector naval y que es compatible con las normas europeas

El régimen de 'tax lease' que ahora se declara ilegal se implantó en España en 2002 y nunca fue notificado a la Comisión Europea para obtener la autorización previa, algo que es obligatorio. El régimen permitía a unas agrupaciones de interés económico (AIE) y a sus inversores buscar una ventaja selectiva con respecto a sus competidores, beneficios que la CE obliga ahora a devolver.

Un complicado sistema financiero hace que la empresa naviera no compre un barco directamente a un astillero sino que lo haga por medio estas AIE creadas para reducir impuestos, al final de un largo proceso la compañía naviera compra el buque con una rebaja de entre un 20 a un 30 por ciento en el precio facturado por el astillero.

La Comisión Europea considera que esa rebaja no constituye una ayuda estatal sino de la AIE y da una ventaja sobre la competencia. El sector naval de otros Estados miembro denunció el sistema. En junio de 2011 se abrió la investigación.

España tiene que recuperar esas ayudas para ello debe determinar las cantidades que deben devolver las AIE y sus inversores. La Comisión dice que no pueden trasladar esa obligación a terceros los astilleros, por ejemplo, aunque existan contratos que digan que deben asumir ese pago. Las decisiones sobre ayudas estatales se publican en el boletín State aid Weekly e-News.

El dictamen del colegio e comisarios se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE.