El objetivo de esta quinta reforma, la tercera en los ocho meses del gobierno de Mariano Rajoy, es «conseguir dinamizar el mercado inmobiliario» y sacar a la venta a precios razonables las reservas de viviendas. Un precio que no será inferior al actual de mercado, según fija el Memorándum de Entendimiento con la Unión Europea (MoU). Se estima que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hay un millón de unidades acumuladas.

La previsión es que las entidades bancarias nacionalizadas, Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia, hayan transferido sus activos inmobiliarios a finales de noviembre o primeros de diciembre. La mayor parte de estos activos son los créditos a los promotores, que totalizan unos 180.000 millones de euros.

La clave está en la cantidad que se pague a los bancos por sus activos tóxicos y que ahora figuran en sus cuentas a precios irreales. Guindos ha dicho que será el Banco de España el encargado de la tasación, la experiencia del «banco malo» que se creó en Irlanda fue que la tasación final no llegaba a la mitad de la cantidad que habían calculado los bancos.

El «banco malo» o formalmente «sociedad de gestión de activos inmobiliarios», tendrá, según ha dicho el ministro de economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, Entidades capacidad de endeudamiento y capital. La previsión es de que la mayor parte de las acciones correspondan a inversores privados, y una parte minoritaria al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El FROB, que se creó en 2009 para auxiliar a los bancos con dificultades, aumenta sus competencias con esta reforma. Estará controlado directamente por el gobierno, en lugar de por el Banco de España, como hasta ahora, y su capacidad de endeudamiento aumentará de los 99.000 millones de euros actuales a 120.000 millones.

La entidad reguladora podrá intervenir cualquier banco si juzga que podría tener problemas en el futuro. Si la entidad ha tenido ayuda pública y no puede devolverla en el plazo convenido, el banco de España podrá trocearla y vender los activos que no estén deteriorados.

También se fija un tope máximo para las retribuciones fijas de los altos cargos de las entidades que reciban apoyo financiero, pasa de 600.000 euros a 500.000 euros.

Con esta reforma España da un paso más hacia el rescate que ha pedido a la Eurozona. Todavía queda por conocer el resultado de las auditorías independientes, eso será a mediados de este septiembre, que dirán qué cantidad exacta necesitan las entidades bancarias que en conjunto no podrá superar los 100.000 millones de euros.