«Esta noche dormiremos en casa de una amiga. No tengo trabajo ni dinero. Tenemos que empezar de cero y es complicado», nos dice entre lágrimas Catalina González, de 39 años, una de las expulsadas de esta casa de vecinos.

González, natural de Barcelona, buscó cobijo en uno de los apartamentos de la corrala Buenaventura hace dos meses, cuando llegó de Italia huyendo de un esposo que «maltrataba» a sus hijos, Leónidas, de cuatro años, y Manuel, de tres.

Los niños juegan, sentados en el suelo junto a sus dos perros, cerca de un furgón policial mientras varios agentes tratan de alcanzar con la ayuda de los bomberos a tres activistas que resistían el desalojo y protestaban encaramados al tejado del edificio.

Coreando lemas como «gente sin casa, casa sin gente, cómo se entiende» o «un desalojo, otra ocupación», decenas de expulsados, miembros de movimientos sociales como Stop Desahucios, los indignados del 15 de Mayo (15M) y ocupantes de otras corralas malagueñas, se congregaron varias horas en la calle bajo una lluvia intermitente hasta que las autoridades se llevaron detenidos a los activistas.

El edificio desalojado pertenecía al banco Bankinter, que lo adquirió tras la quiebra de la empresa constructora y lo vendió (con las familias en su interior) a la firma Gestiones Hospedalia, especializada en compraventa de inmuebles.

Hay casi 3,5 millones de viviendas vacías en España, que equivalen al 14 por ciento del parque inmobiliario, y 700.000 están en Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque la mayoría de quienes ocupaban Buenaventura han encontrado un alojamiento temporal, «algunas familias no tienen a dónde ir», asegura el abogado malagueño José Cosín, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ayuda a paralizar desalojos y recupera edificios vacíos para realojar a personas sin recursos, intentando negociar alquileres sociales.

Montse, quien tiene una hija de 11 años y prefiere no dar su apellido, nos cuenta que a partir de ahora «vivirá en una caravana». Andrés Clemente volverá a buscar techo en el garaje de un conocido. Carolina, quien también pidió el anonimato, se quedará con sus hijos de momento en la casa de una amiga en la corrala La Suerte, otro edificio ocupado.

Desde que comenzó la crisis económica en 2007 se han multiplicado las ocupaciones de inmuebles vacíos, muchos de ellos flamantes, propiedad de bancos o de agencias inmobiliarias.

Los ocupantes de Buenaventura dialogaron durante varios meses con las autoridades locales y regionales, el banco y la empresa propietaria. «Finalmente no se ha conseguido nada. Han jugado con nosotros y nos han derivado a los servicios sociales», se quejaba Leticia Gómez, de 32 años, que vivía en la corrala porque no tenía «dónde estar» tras separarse de su pareja.

El ayuntamiento malagueño entregó a cada familia desalojada una media de 1.000 euros para pagar un alquiler los primeros meses, pero los beneficiarios consideran que esta ayuda es insuficiente y piden que las viviendas vacías se destinen a arrendamientos sociales, para que cada uno pague en función de su renta.

«Me dieron 900 euros para tres meses de alquiler. ¿Y después qué? Estaremos otra vez en la calle», se lamenta Yuli Fajardo, de 42 años, mientras abraza a su perro color canela. A su lado, José Manuel asegura que ocupará un apartamento en otro edificio vacío y relata cómo los policías rompieron temprano una cadena humana que armaron para impedir el desalojo.

Encontrar quien quiera alquilar sus casas no es fácil para estas personas que a menudo no pueden acreditar avales, empleo formal ni meses de fianza.

Algunas personas desalojadas denunciaron que la policía había hecho uso de fuerza excesiva y «arrancó las puertas». Sin embargo, los agentes aseguraron que la operación se desarrolló «dentro de la normalidad».

«Hasta el cielo llora por nosotros», exclama al oír un trueno Kira Vela, de 37 años, quien llegó a Buenaventura tras ser desalojada por falta de pago de una casa que había comprado con hipoteca en el barrio malagueño de Ciudad Jardín. Tiene tres hijos, y una de ellos, Yolanda, también vivía hasta ahora en la corrala con su bebé de un año.

Un total de 362.776 personas perdieron sus viviendas entre 2008 y 2012 por ejecuciones hipotecarias, según un informe de la PAH, que hasta el momento ha detenido 757 desalojos y ha logrado realojar a 712 personas.

El desempleo que afecta al 26,2 por ciento de la población española económicamente activa, según el INE, ha hecho perder la vivienda a muchas familias por falta de pago de alquileres o de hipotecas contraídas con entidades financieras. Decenas de personas se han suicidado ante la inminencia de ser desalojadas.

«Hay muchas casas vacías. Que se las den a estas familias con niños», comenta la vecina Carmen Gil mientras observa a los congregados gritando ante una docena de policías apostados a la entrada del edificio: «No es una crisis, es una estafa».

Varios de los afectados llevan años sin trabajo, muchos de ellos antiguos empleados del sector de la construcción. «Si tuviera para pagar un alquiler, lo pagaba», dice el carpintero Clemente.

El gobierno de la comunidad de Andalucía, aprobó el 12 de abril el decreto de la función social de la vivienda, que establece la necesidad de una bolsa de lugares de alquiler social y la expropiación del uso por tres años de las viviendas «en inminencia» de desalojo «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas» que las habiten. El gobierno recurrió la ley que en estos momentos está paralizada.

«¿Por qué nos tenemos que ir?», le preguntó José, de ocho años, a su madre Silvia, quien lo llevaba de la mano junto a su hermana, Esther, de seis, durante una manifestación en la que reclamaban el «derecho a un techo», la tarde previa al desalojo.

En mayo, el Partido Popular (PP) aprobó la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. El proyecto surgió a partir de un texto elaborado por el Poder Ejecutivo y de otro presentado por la PAH como iniciativa legislativa popular, con el apoyo de un millón y medio de firmas.

Las propuestas de la PAH, sin embargo, fueron eliminadas del texto final.