Elecciones autonómicas en menos de un año, la defensa del medioambiente, la generación de puestos de trabajo, la dependencia energética o el surgimiento de un nacionalismo canario contenido; se mezclan en un cóctel con sabor a conflicto de cara a los próximos meses.

El Ministerio de Industria, capitaneado por el canario José Manuel Soria, permite a Repsol la ejecución de dos perforaciones en el subsuelo marino canario durante los próximos tres años. Éstas se ejecutarán a 50 kilómetros de la costa, en dos de las nueve zonas de prospección, ubicadas, todas ellas, en la costa oriental de Fuerteventura y Lanzarote. En concreto, en el sector 3 y 4, tendrán lugar estas perforaciones de nombre peculiar, Chirimoya y Sandía, respectivamente. De obtener la compañía resultados positivos, se autorizaría una tercera perforación, esta vez llamada Zanahoria, y perteneciente al sector 4. Para ello, Repsol empleará una unidad de posicionamiento dinámico (un barco), el Rowan Renaissance, con capacidad de perforación cercana a los 12.000 metros de profundidad.

La empresa y el Gobierno también han anunciado que dichas labores tendrán lugar, previsiblemente, el próximo mes de octubre, aunque hay que esperar al primer trimestre de 2015 para conocer el resultado de las mismas.

Los requisitos que tendrá que cumplir la petrolera, y anunciados también en el BOE, son varios, a destacar tres. Todas las responsabilidades ante cualquier fallo caerán sobre la compañía petrolífera, para lo cual se le exige la suscripción de un fondo de responsabilidad civil de al menos 40 millones de euros que cubra posibles daños. A su vez, tendrá que hacer lo propio con otro que cubra daños ambientales y cuya dotación será de 20 millones de euros. Finalmente, tendrá que instalar una estación de control sísmico para que en caso de producirse terremotos (algo habitual en estas perforaciones) de magnitud superior a 4,5 grados en un radio de 75 kilómetros, detenga los trabajos.

De esta forma, la petrolera supera más de diez años de espera para ejecutar las prospecciones, ya que el permiso le fue concedido en el año 2001 pero entonces fue paralizado por el Tribunal Supremo

que aceptó los recursos presentados por el Gobierno canario y varias organizaciones ecologistas. Todos ellos consideraban que no se estaban cumpliendo los requisitos medioambientales necesarios en este tipo de proyectos.

En 2012, el ejecutivo central volvió a conceder un nuevo permiso y desde Canarias se volvieron a presentar nuevos recursos que esta vez fueron rechazados por el mismo tribunal, al presentar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Estos desacuerdos entre administraciones, han quedado manifiestos no solo por la vía judicial sino que también han sido numerosas las manifestaciones en contra impulsadas por los cabildos y las organizaciones ecologistas.

En una rueda de prensa convocada por el Gobierno de las islas el pasado jueves, su presidente, Paulino Rivero, dejó claro la intención de recurrir ante las autoridades europeas, sin descartar Naciones Unidas si fuera preciso, al señalar que dichas labores podrían comprometer a unas islas que están sometidas a distintos programas de protección medioambiental a nivel nacional, europeo e internacional (el archipiélago está declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco).

Argumentos en contra

Medioambiente y economía son clave. La protección con la que cuentan las islas afectadas, Lanzarote y Fuerteventura principalmente, es muy amplia. Aparte de estar consideradas Reservas de la Biosfera, sus costas orientales y sus aguas 40 kilómetros mar adentro son zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario). Además, ya en tierra, las dos islas acumulan cuatro Parques Naturales, la Reserva Natural Integral «Los Islotes» (Lanzarote) y el Parque Nacional de Timanfaya (en la misma isla). Por ello, en caso de un hipotético desastre natural, la flora y fauna (tortugas y cetáceos especialmente) se verían gravemente amenazadas. A su vez el Gobierno canario ve ilógico que las islas disfruten de una protección reconocida por el Gobierno Central y que «no se vea respetada por Madrid, quienes incluso una vez aceptadas las prospecciones, imponen a Repsol un seguro del todo insuficiente».

Respecto al tema del seguro, el Gobierno regional recuerda que «la población de las islas se abastece de agua desalada en casi un 100% y los requisitos recogidos en el BOE no dicen nada de esto». La plataforma «Canarias sin petróleo» apunta también en este sentido y se preguntan qué alternativas tendrán en caso de desastre natural y sin agua con la que abastecerse.

Por otro lado, está la cuestión de los ingresos de las islas. Según señaló Rivero, el 50% del PIB y del empleo del archipiélago depende del turismo y en caso de catástrofe la actividad hotelera y el sector servicios se resentirían gravemente, aumentando el desempleo de la región, superior al 30%. Este tampoco se vería reducido con la posible extracción de crudo, ya que según el Gobierno canario, el grueso de las actividades (el refino y el almacenaje), tendrán lugar en Huelva y Tarragona donde Repsol tiene plantas especializadas y a donde transportaría el crudo.

Argumentos a favor

El Gobierno Central, favorable a las prospecciones, señala que en Canarias, una región con una tasa de paro total y juvenil de las más elevadas de España y Europa, lo que se necesita es este tipo de proyectos que garanticen la sostenibilidad económica de la región. Para ello, además, y ante el panorama de crispación generado por la autorización, el ministro Soria ha señalado la intención del ejecutivo de crear un impuesto especial de cuya recaudación se beneficiarían íntegramente las islas y que alcanzaría una cifra cercana a los 300 millones anuales.

Desde Madrid, ven en el comportamiento de Rivero un acto más de precampaña electoral donde se quiere vender la idea del cuestionamiento de la soberanía regional. Moncloa recuerda que la autorización o no de estos trabajos es competencia del Estado y que por tanto no hay motivo para polémica alguna. Si bien es cierto, en proyectos de tal envergadura, el consenso entre administraciones parece básico.

A nivel nacional, los beneficios económicos serían vitales. Repsol en el año 2012 llevó a cabo unos estudios sísmicos en la zona que arrojaron las siguientes conclusiones: del yacimiento, en un principio, se podrían extraer entre 800 y 3.200 millones de barriles, con una producción media de 100 mil barriles diarios (36,5 millones anuales). Si tenemos en cuenta el precio del barril de Brent a día de hoy, 102 dólares, los beneficios ascenderían a una cifra cercana a los 4 mil millones de euros por año. De ese montante, se descontarían los impuestos especiales que todos los países productores aplican en estos casos y que suponen un buen motor económico.

Respecto a la cuestión medioambiental, el ejecutivo nacional, aparte de insistir en el hecho de que se realizarán oportunos y estrictos controles, respalda la decisión de Industria en el hecho de que el Ministerio Medio Ambiente ha emitido una DIA favorable y que por tanto, la extracción se podría ejecutar como cualquier otra actividad económica. A su vez, señalan que Marruecos está llevando a cabo los mismos trabajos a tan solo 30 kilómetros de las futuras prospecciones españolas, por lo que Canarias presentaría el mismo riego de desastre y sin beneficiarse económicamente.

Otras experiencias

En Europa, experiencias similares las encontramos en el Mar del Norte. La zona, cuenta con un buen número de plataformas petrolíferas británicas y noruegas, aunque se encuentran en declive (pozos de difícil extracción y elevados costes en comparación a los años 70 y 80). Según el informe para el año 2012 presentado por Wood Group (empresa petrolífera destacada en la zona), para Reino Unido, en ese año, estos pozos supusieron el abastecimiento del 67% y 53% de la demanda nacional de petróleo y gas, dio empleo a 450.000 personas y generaron el 15% de la recaudación total del impuesto de sociedades (8.000 millones de euros). Y en Noruega, por todos es conocidos como los ingresos del petróleo financian el amplío Estado de bienestar del que disfrutan.

Pero las cifras no evitan desastres. En el verano de 2011, se produjo el vertido de fuel más alto desde el año 2000 arrojando al mar una cifra superior a las 300 toneladas de fuel en una planta petrolífera de Shell a 200 kilómetros de Aberdeen (Escocia). Entonces la organización de Amigos de la Tierra Escocesa denunció la falta de prevenciones para evitar este tipo de accidentes.

Este suceso se produjo un año después de la catástrofe del Golfo de México, de impacto mucho mayor (se vertieron 780.000 metros cúbicos de crudo al mar), y por la que el Parlamento Europeo aprobó la «Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas a la extracción de petróleo y gas mar adentro». En ella, a fin de prever el riesgo de que sucedan nuevas catástrofes y minimizar los posibles daños, se imponen nuevos estándares mínimos de seguridad y la obligatoriedad de revisar todos los planes de emergencia y desmantelamiento de plataformas en aguas europeas.