Las llamadas vacaciones fiscales vascas pueden costar a España más de 50 millones de euros, si el Tribunal de Justicia de Luxemburgo atiende la petición de la Comisión europea para que se recuperen las ayudas ilegales de las que se beneficiaron 300 empresas.
En 2001 Bruselas advirtió a España de que el sistema fiscal aplicado a las empresas en el País Vasco era incompatible con la normativa del mercado interior europeo. Las haciendas forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa favorecían a las empresas de nueva creación con exenciones fiscales y créditos sobre las inversiones financiados con fondos del gobierno central.
Ante la negativa española a recuperar esas ayudas, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia europeo y en 2006 falló a favor de Bruselas. Tampoco España respondió entonces.
Pasados cuatro años de la sentencia y nueve del primer aviso, el ejecutivo europeo vuelve a recurrir a la Corte europea. Pide una penalización de 25.817 euros por cada día que ha pasado desde la primera resolución hasta que se conozca la segunda, previsiblemente dentro de dos años, con lo que la suma total ascendería a unos 50 millones de euros. Si la infracción se mantiene después, la sanción sería de 236.000 euros diarios.
«El objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios ...Cuanto antes se recuperen las ayudas, menos habrá que pagar», ha declarado hoy Amelia Torres, portavoz del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia.
La Diputación foral de Vizcaya ha difundido un comunicado en el que dice que «desconoce, a día de hoy, qué Territorio Histórico no cumple con la resolución del TJUE, ni los detalles y argumentos de tal incumplimiento, ni las cantidades resultantes de ese incumplimiento, ni qué empresa es la que no ha devuelto las cantidades exigidas».
El lehendakari Patxi López, prefiere esperar a que se conozca el fallo del Tribunal y ha indicado que «el Gobierno vasco y las diputaciones trabajan para evitar que ninguna empresa vasca cierre como consecuencia de la aplicación de la sentencia».
