El Consejo de Europa considera contrario a su convención, firmada por España, el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que aprobó el Gobierno en abril de 2012. Recuerda la organización internacional que al firmar la carta los países se comprometen a garantizar a las personas procedentes de países que no pertenecen al Consejo de Europa los derechos que se recogen en la carta. Bien ratificando convenios sobre derechos humanos, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos, o siguiendo la legislación nacional.

En el informe del 'Cumplimiento de los derechos sociales por parte de los estados firmantes', considera que la justificación de España de que la medida es necesaria debido a la crisis económica es irrelevante, ya que esa coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos que se reconocen en la convención.

Añade que aunque se tuviera en cuenta la situación que crea la crisis económica, los gobiernos no deben tomar esas resoluciones sin llevar a cabo un mínimo de investigación y análisis, con discusiones y consultas a las organizaciones involucradas para determinar el impacto de las medidas en los grupos más vulnerables.

«En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el sistema de salud, la crisis económica no debe servir de pretexto para restringir o denegar el acceso al sistema sanitario». Pese a la «regresiva legislación», el Consejo de Europeo puede concluir con el incumplimiento por parte de España ya que el informe estudia el periodo 2008-2011 anterior al decreto. Pero advierte de que si se mantiene la legislación, en el próximo informe deberán concluir que España no se atiene a las normas que ha ratificado.