La comisión de libertades civiles que preside el eurodiputado español, Juan Fernando López Aguilar, quiere endurecer la propuesta de directiva europea relativa a la explotación, abusos sexuales y pornografía infantil.

Propone que se suspendan en origen en toda la UE los sitios con contenidos de pornografía infantil. Si esto no fuera posible porque el sitio esté alojado en un país de fuera de la comunidad, los Estados miembros podrían bloquearlos de acuerdo con sus legislaciones nacionales.

En Europa, entre el 10% y el 20% de los niños están expuestos a sufrir agresiones sexuales. El número de páginas web con contenidos pedófilos aumenta continuamente, cada día 200 imágenes nuevas aparecen en la red. Los niños utilizados son cada vez más pequeños y las imágenes cada vez más explícitas y más violentas.

Para la eurodiputada encargada del informe, Roberta Angelilli, la UE debe ajustar las leyes a las nuevas formas de abusos sexuales, y sobre todo «proteger a las víctimas antes, durante y después del proceso».

La nueva reglamentación aumentará las penas en toda la UE en caso de condena por abuso sexual o explotación infantil. Fija las sanciones mínimas para 22 tipos de delitos, los Estados miembros podrán adoptar medidas más severas. Las condenas podrán ser de dos a diez años de prisión, según el delito cometido. Además, teniendo en cuenta que el 20% de los agresores sexuales continúan delinquiendo cuando salen de la cárcel se les podrá prohibir, de forma temporal o permanente, el ejercicio de toda profesión que implique cualquier relación con menores.

Habrá penas más severas cuando la víctima tenga una disminución física o psíquica o esté bajo la influencia de drogas o alcohol. También se perseguirá el turismo sexual practicado en el extranjero.

Se sanciona trabar conocimiento con niños a través de Internet para abusar sexualmente de ellos, o hacerles adoptar poses comprometidas ante una cámara web. Los eurodiputados subrayan la necesidad de hacer campañas de información para sensibilizar a la opinión pública e informar a los menores.

El europarlamento quiere que la ley esté lista para mediados de este año. Una vez que sea aprobada reemplazará a la actual que data de 2004, después los Estados miembros tendrán dos años para trasponerla a sus legislaciones nacionales.