Dilma Rousseff convocó en el Palácio do Planalto a los 27 gobernadores brasileños y a los 26 intendentes de esas capitales (Brasilia DF no tiene intendente) para debatir un gran pacto nacional. La mandataria busca así una respuesta más activa a las demandas de la ciudadanía que desde hace una semana se manifiesta masivamente en las calles de las principales ciudades del país.
El viernes por la noche la Presidenta había comunicado al país una serie de promesas, consideradas como «insuficientes» por los manifestantes que volvieron a las calles durante el fin de semana. En esta oportunidad Rousseff se ha propuesto ir más allá, impulsando reformas más profundas que puedan satisfacer las demandas ciudadanas. El objetivo es claro, reducir la intensidad de las protestas.
Los puntos propuestos son los siguientes:
1. Economía: responsabilidad fiscal, estabilidad económica y control de la inflación para poder resistir los embates de la crisis económica internacional.
2. Reforma política: aumentar la participación popular y por medio de un plebiscito abrir el debate en torno al mecanismo de elección de gobernantes y parlamentarios. También se contemplaran modificaciones al método de financiación de los partidos políticos, propaganda electoral en Radio y TV y otros aspectos.
3. Corrupción: elevación del delito de corrupción al status de «crimen hediondo», categoría que recibe penas más severas.
4. Salud: aceleración de las obras ya planificadas por estados y municipios y la rápida contratación de médicos para prestar asistencia en zonas de difícil acceso. En caso de no contar con profesionales suficientes se procederá a la «importación» de médicos extranjeros. Se proyectó la incorporación de 12.000 nuevos profesionales para el Sistema Único de Salud (SUS) desde aquí hasta 2017.
5. Transporte: aplicar desgravaciones impositivas que permitirán reducir el precio del billete de ómnibus en un 7% (promedio) y del Metro y Trenes en un 13% (promedio). También se anunció un plan de inversiones por parte del Gobierno Federal de 22.000 millones de dólares para el mejoramiento de la movilidad urbana en todo el país.
6. Educación: envío de proyecto de ley al congreso para que el 100% de los royalties del petróleo y el 50% de los recursos del Pré-sal sean destinados en forma directa a financiar el sistema educativo nacional. Al respecto la Presidenta sostiene que no existe ningún país en el mundo que haya logrado desarrollarse sin invertir en educación.
* Santiago Pérez
Lic. en Relaciones Internacionales
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