En febrero las autoridades griegas anunciaron que los inmigrantes indocumentados serían detenidos indefinidamente hasta su repatriación. La medida, basada en un dictamen del Consejo Jurídico del Estado griego, se aplica incluso cuando la repatriación no sea factible en algunos casos. Al terminar mayo, un tribunal griego ha considerado que el dictamen era contrario a la legislación nacional y europea y pide su revocación. Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto.

Desde agosto de 2012, cuando la policía puso en marcha una política de represión contra los inmigrantes indocumentados conocida como Operación Xenios Zeus, la detención administrativa se aplicó a gran escala, a menudo por un período máximo de 18 meses que estaba vigente entonces. Ahora el Consejo Jurídico del Estado considera que la extensión de ese plazo no es una «detención», sino una medida restrictiva en beneficio de los inmigrantes que, de ser liberados, podrían estar expuestos a situaciones de peligro.

La detención fue denunciada como ineficaz e inhumana por diversas organizaciones no gubernamentales, tanto internacionales como griegas. La organización Médicos sin Fronteras calificó la medida de «señal atroz del duro tratamiento que el país da a los migrantes». En un informe publicado en abril con respecto a las condiciones de vida en los campos de detención griegos, la organización humanitaria advirtía que la «detención sistemática y prolongada provoca consecuencias devastadoras sobre la salud y la dignidad de migrantes y solicitantes de asilo en Grecia».

A pesar de las fuertes críticas, las autoridades griegas no muestran intenciones de flexibilizar sus duras medidas. Por el contrario, la tendencia a la adopción de controles más estrictos parece estar en línea con las directrices y reordenamientos financieros de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.

En septiembre de 2012, un mes después de que Grecia pusiera en marcha Xenios Zeus, se modificaron las normas de aplicación del Fondo Europeo para el retorno y entre los cambios adoptados está la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura, tales como la renovación, la restauración y la construcción de centros de detención. Ese Fondo es la estructura comunitaria que financia la mayoría de los proyectos de control de la inmigración en el continente.

En 2013, la Comisión Europea propuso incrementar un 20 por ciento la tasa de cofinanciación de la UE en los proyectos relacionados con los controles inmigratorios cubiertos tanto por ese Fondo como por el de las Fronteras Exteriores, que ascendían un 50 y un 75 por ciento, respectivamente.

La modificación no se traduciría en un aumento de la financiación europea, pero permitiría a los estados miembros reducir la cofinanciación nacional obligatoria. En el caso de Grecia, el monto se reduciría del actual 25 por ciento al 5 por ciento. La propuesta legislativa fue aprobada en la primavera de 2013.

La dependencia que tiene la política griega del apoyo de la Comisión Europea es incuestionable, asegura la investigadora Danai Angeli, del centro de estudios Eliamep y directora de MIDAS, un proyecto de investigación sobre la rentabilidad de las políticas de control inmigratorio que concluirá a fines de 2014. «La práctica de la detención sistemática habría sido imposible sin el apoyo de los fondos europeos», precisa. «Sin esos recursos, el foco en Grecia se desplazaría posiblemente a soluciones alternativas que tomarían mucho más en cuenta un enfoque de rentabilidad y la detención nunca hubiera adquirido la condición de prioridad política».

A pesar del evidente costo en sufrimiento humano, la política de detenciones a gran escala no es solo la opción más destacada en la UE, sino que, parece coincidir con una agenda de militarización y privatización de los controles fronterizos y de los inmigrantes indocumentados, según Martin Lemberg, profesor del Centro de Estudios Avanzados en Migración de la Universidad de Copenhague. Para Lemberg «a pesar de las declaraciones públicas que condenan la catástrofe humanitaria en las fronteras exteriores de la UE, la Unión nunca ha dejado de apoyar nuevos y más rigurosos controles fronterizos en las fronteras del sudeste de Europa».

«Podemos ver esta doble moral como una forma para que la unión se transforme continuamente en un espacio político relevante en una Europa donde los partidos contrarios a los inmigrantes ocupan una parte cada vez mayor de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo», agrega.

En diciembre de 2013, la Comisión Europea anunció la puesta en marcha de EUROSUR, un proyecto que permitirá la vigilancia constante del mar Mediterráneo. Aunque la CE lo presentó como «un instrumento nuevo para salvar las vidas de los inmigrantes», organizaciones y legisladores europeos, entre ellos la representante alemana del Partido Verde Europeo Ska Keller, lo criticaron por estar «al servicio de la batalla contra la inmigración ilegal». También en diciembre de 2013 la UE propuso «fijar normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores», y 10 días después, la cumbre anual del Consejo Europeo decidió las prioridades para mejorar la eficacia de la política de defensa y la capacidad operativa del bloque.

«EUROSUR es un excelente ejemplo de lo que podemos llamar la captura regulatoria, es decir, los procesos de cabildeo y gobernanza en múltiples niveles donde hay actores como las empresas de seguridad privada y militares», crítica Lemberg. «Por supuesto, la propia Comisión Europea, es capaz de transformar las políticas de controles fronterizos de los estados-nación individuales sin tener que lidiar directamente con sus parlamentos nacionales», añade. En abril, el Ministerio de Asuntos Marítimos griego presentó una licitación para alquilar los servicios de vigilancia de sus fronteras marítimas en el mar Egeo.

El proyecto prevé una compensación de 73.800 euros por 60 horas de vigilancia en un período de dos meses, o sea un promedio de 1.230 euros por hora, con un 75 por ciento del costo cubierto por los fondos europeos y el 25 por ciento restante por el estado griego.

También establece la privatización de los servicios de seguridad en tres de los mayores centros de detención del país, lo que atrajo a los principales actores del sector privado, como G4S, la empresa de seguridad privada más grande del mundo, criticada por el trato que da a los detenidos en sus tres centros de asilo en Gran Bretaña. La mayor parte del costo, calculado en unos 14 millones de euros por año, también lo cubrirán los fondos europeos.