La reforma de la ley del aborto en España está suscitando ríos de tinta en Europa. Mientras que la mayoría de los países miembros se han limitado a explicar los acontecimientos. Francia se ha mostrado más beligerante enviando una carta en la que manifiesta su «honda preocupación» y quejas al Gobierno español. A pesar de todo, todavía no se ha presentado ninguna reacción oficial por parte de la Unión Europea.
La ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, considera que el anteproyecto de ley presentado por Alberto Ruiz Gallardón la semana pasada «es un retroceso en materia de derechos a disponer del cuerpo propio». «España, en estos últimos años, se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres», asegura la ministra francesa alegando que este paso es «inquietante» y un ejemplo en el que se refleja que «los derechos de las mujeres nunca se han conseguido de forma definitiva».
Por su parte el presidente de honor del partido de ultraderecha francés Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, en un mensaje en tuitter afirma que la ley española demuestra «que se puede actuar en la materia con mesura, inteligencia y preocupación por el derecho a la vida».
La polémica está servida, de hecho Alberto Ruiz Gallardón ha explicado al diario ABC en respuesta que la verdadera preocupación de Francia es que la ley española genere un debate en toda Europa. Sin embargo, en las mismas declaraciones, ha asegurado que las tesis defendidas por los socialistas «son minoría en Europa» y «fueron derrotadas en el Parlamento Europeo» hace unos días.
Sin embargo los temores de Francia tienen una base de realidad, pues con este paso que da España en la ley sobre el aborto se tiene pensado abrir un diálogo en el Parlamento Europeo con el fin de influir en el resto de legislaciones de los demás países miembros. En concreto se quiere hacer especial hincapié en la eliminación del supuesto de aborto por malformaciones en el feto y así equilibrar los derechos del no nato con los de la mujer embarazada.
El Gobierno español asegura que la reforma de ley se ajusta a la Constitución basándose en el respeto a los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la salvaguarda de la igualdad de estos en las mismas condiciones que los demás. Por ese motivo se elimina la posibilidad de abortar cuando se tenga constancia de que existen malformaciones en el feto y solo se hará si esta situación genera grave peligro en la salud física o psíquica de la madre y esté avalado por un informe médico.
Mientras tanto, el PSOE intenta frenar la iniciativa y que esta no llegue a ser publicada en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado). El primer paso para conseguirlo, según Alfredo Pérez Rubalcaba, será «movilizar a la sociedad española». En la actualidad el partido socialista está llevando a cabo una serie de encuentros con los representantes de diversas asociaciones y clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo. «El Partido Popular tiene la mayoría parlamentaria, pero no la social», ha dicho Rubalcaba en garantía de sus esfuerzos.
Además, el secretario general del Partido Socialista asegura que cuando una mujer decide abortar «no hay gobierno que la convenza de que no lo haga» y que esta reforma volverá a discriminar a las mujeres que no tienen dinero para poder pagarse un viaje en busca de una intervención segura. La misma discusión se está generando en los medios ingleses que sin ninguna voz oficial recogen la preocupación por el resurgir de las «backstreet clinics», la vuelta a las clínicas de dudosa reputación.
Aunque el gobierno de Angela Merkel no se ha pronunciado al respecto, los diarios alemanes como «Süddeutsche Zeitung» dan cobertura a las manifestaciones llevadas a cabo en España ante la restricción de la ley del aborto.
La idea principal no deja de repetirse en todos los medios internacionales: el miedo a la proliferación de las intervenciones ilegales que pondrán en riesgo la vida de las embarazadas.
