La Eurocámara responde así a las numerosas reclamaciones por parte de grupos ecologistas y propietarios de tierras que han llevado el tema a la UE. Además, los eurodiputados han propuesto una serie de medidas para consultar a los ciudadanos antes de poner en marcha los planes y prevenir así los conflictos de intereses entre los promotores de los proyectos y las personas que los evalúan.

La votación, además, se hacía más necesaria tras el intenso debate que han provocado los terremotos y la situación ambiental alrededor del Proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas natural de Vinaròs cuya actividad está suspendida desde la semana pasada por el Gobierno español. Eurodiputados como el valenciano Andrés Perelló (PSOE) subrayaron en la votación que «este proyecto es un ejemplo de mala evaluación ambiental puesto que no se evaluó adecuadamente el riesgo de terremotos por inyección de gas en un almacén en una falla sensible».

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado la obligación de realizar estudios ambientales por 332 votos a favor, 311 en contra y 14 abstenciones, pero esta votación todavía tiene que completarse con la opinión de los Estados miembros antes de que la medida entre en vigor.

La UE está muy dividida. En Polonia, por ejemplo, las explotaciones mediante fracturación hidráulica comenzaron ya en 2008, mientras que en Reino Unido y Dinamarca, se realizan siempre estudios de impacto ambiental. España está en el grupo de los países en los que no está prohibido pero tampoco bien regulado. Bulgaria, la República Checa y Holanda mantienen sus reservas con respecto a esta técnica y no apoyan su uso. El gas esquisto sólo se explota comercialmente por Estados Unidos y Canadá.

Francia cierra la puerta al esquisto

Francia es quien más claramente se ha pronunciado... y se opone a este tipo de extracción. El Consejo Constitucional ha reforzado la ley que prohíbe la explotación de gas esquisto en el país y ha cerrado las puertas a varias empresas del sector de los hidrocarburos interesadas en suelo francés. Esta decisión responde a un recurso presentado por la compañía estadounidense

Schuepbach que cuestionaba la legalidad de la anulación de dos permisos de exploración en Francia. Ahora, según el Consejo las disposiciones de la ley del 13 de julio de 2011 que prohíben la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica y señalan que los permisos de exploración que requieren el recurso a esa técnica «son conformes con la Constitución».

La decisión del Consejo ha sido respaldada por el presidente François Hollande que ha afirmado que la ley de prohibición de la fracturación hidráulica es ahora «incontestable».

Según la normativa que rige actualmente en la UE, la directiva de 2011 sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA), los Estados miembros están obligados a realizar estudios sobre los efectos que determinados proyectos, ya sean públicos o privados, pueden tener sobre el medio ambiente. La legislación actual se aplica a cerca de 200 tipos de proyectos, desde la construcción de puentes, puertos y carreteras hasta la edificación de vertederos y granjas de cerdos y pollos.

«Hemos revisado esta legislación clave para adaptarla a las nuevas prioridades europeas relacionadas con los usos del suelo, la utilización de los recursos y el respeto de la biodiversidad. La fracturación hidráulica suscita inquietudes. Hemos propuesto criterios claros para evitar los conflictos de interés y para que el público esté más implicado», declaró el eurodiputado Andrea Zanoni (ALDE, Italia), en el debate previo a la votación.

La normativa actual cubre también los proyectos relacionados con el gas natural que extraen al menos 500.000 metros cúbicos al día y como los rendimientos de extracción del gas de esquisto son a menudo inferiores, los promotores de estos proyectos no suelen estar obligados a realizar una evaluación medioambiental previa.

Los eurodiputados han propuesto por esto, incluir en la directiva toda exploración y prospección mediante fracturación hidráulica independientemente de la cantidad extraída. El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha asegurado que esta medida allana el camino para que se efectúen cambios que aseguren que las preocupaciones de los ciudadanos son tenidas en cuenta.

Europa se cuestiona el Fracking

La decisión del Parlamento ha sido bienvenida por las organizaciones ecologistas que luchan contra el fracking. «El resultado de la votación desmonta el mito del gas esquisto como combustible limpio válido para la transición energética, dejándolo claramente expuesto a lo que realmente es: un combustible fósil sucio que agrava el cambio climático. Parece que el Parlamento va dándose cuenta de las terribles realidades detrás de esta técnica y de la amenaza que supone el fracking para el medioambiente y la salud de la ciudadanía europea», ha afirmado Hector de Prado, responsable del área de clima y energía de la asociación Amigos de la Tierra.

Así, con la propuesta de incluir estos proyectos en la directiva de Impacto Ambiental, cada propuesta deberá contar con un estudio básico obligatorio y con la participación de las poblaciones locales en la toma de decisiones. La propuesta, para los ecologistas, supone un impulso para las distintas luchas en contra de esta técnica que existen en nuestro territorio, especialmente en el Estado español, donde cada vez más gente se está informando y movilizando «contra las actividades que quieren llevar a cabo grandes transnacionales con el visto bueno de algunos políticos avariciosos», ha destacado en un comunicado Amigos de la Tierra, uno de los principales motores del Día de Acción Global contra el Fracking, el próximo 19 de octubre.

Por su parte, el Comité de las Regiones (CDR), la asamblea de los representantes regionales y locales de la UE de los 28 Estados miembros, ha hecho público su llamamiento a la UE para hacer efectivos con urgencia esos estudios de impacto ambiental para todos los proyectos de gas de esquisto y petróleo. El fracking, advierten en el CDR, ha sido considerado por algunas empresas en la UE con la esperanza de emular las experiencias en los EE.UU., sin embargo, además de los daños ambientales y de salud grave que puede causar esta actividad hay que medir las emisiones de carbono que implican, lo que no es sostenible a largo plazo. «La UE no debe olvidarse que este no es un remedio para nuestras necesidades de energía en el futuro», ha subrayado el Comité. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo están obligados a consultar al Comité en aquellos ámbitos políticos que afectan a regiones y ciudades.