Por Alexandra Di Stefano Pironti

El catalán Arcadi Oliveres, un profesor universitario de economía, se ha puesto de moda en España por llamar a las cosas por su nombre pese a quien le pese. «He hecho una petición para que se procese a Mariano Rajoy (presidente del gobierno) por acabar con los beneficios del estado de bienestar», aseguró.

Pero Olivares no está solo en esta misión. Junto con la monja benedictina y médica Teresa Forcades ha creado una inusual plataforma que agrupa a «ciudadanos indignados» con los gobernantes que propiciaron o permitieron la severa crisis económica que afronta España, a partidos de izquierdas y a sectores relacionados con la salud, la vivienda y la educación, áreas afectadas por los recortes de presupuesto practicados por Rajoy.

«Hay gente buena, sana y preparada que no está de acuerdo con las decisiones económicas y el proceso político actual. Nuestra misión es agrupar a las personas de estos tres sectores y poder configurar en las elecciones parlamentarias catalanas de 2016 una candidatura unitaria», dijo Oliveres a IPS.

Oliveres culpa a los dirigentes políticos que están y han estado en el gobierno español, ya sean de centroizquierda como de derecha, de la actual crisis económico-financiera.

La socióloga barcelonesa Anna Torres coincide con Olivares. «Los líderes no están conectados con la gente, como tampoco lo están los partidos. Por este motivo los ciudadanos buscan respuestas en plataformas sociales», comenta.

«Europa ha pasado una serie de etapas y ha conquistado el bienestar social (...), por eso sería una pena tener que trabajar en edificios que se derrumban, como paso en abril en Bangladesh (donde murieron más de 1.100 trabajadores de una fábrica de ropa) o en China, trabajando como esclavos», señaló.

Torres apuntó que en España se está cambiando de modelo económico. «Hay crisis en la construcción y las actividades productivas tradicionales desaparecen y aún no hay especialización en industrias altamente tecnológicas», sostuvo.

«Estábamos haciéndolo cuando llegó la crisis y ahora hay mucha mano de obra que no se necesita», puntualizó.

Oliveres explicó que su agrupación «promueve una Cataluña cooperativa, solidaria, sin ejército, que ayude al Tercer Mundo y que sea independiente».

«Últimamente he estado en Granada (sur), Alicante (sudeste) y el País Vasco (norte) y, tras explicar nuestro programa, la gente quiere hacer procesos parecidos a los nuestros», indicó el académico en la entrevista con IPS realizada en la sede de Justicia i Pau, una organización no gubernamental de raíz cristiana de la que es el presidente.

«Tenemos casi 40.000 adhesiones a nuestra plataforma Procés Constituent a Catalunya desde que la propuesta se lanzó en abril, y tantas invitaciones para ir a hablar que podríamos dar la vuelta a Cataluña 50 veces», añadió.

Procés Constituent es una de las numerosas agrupaciones y asociaciones ciudadanas que han aparecido en España desde el 15 de mayo de 2011, cuando en la madrileña Puerta del Sol nace el movimiento de indignados que por eso lleva el nombre de 15M.

El campamento montado en ese lugar lanzó entonces la propuesta de romper con la inercia de la alternancia en el gobierno del derechista Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español, las dos mayores agrupaciones políticas de España, y terminar con la manipulación económica de las grandes corporaciones y bancos, entre otras demandas.

Estos grupos sociales han proliferado también como protesta ante los recortes de derechos y presupuestales dispuestos por el actual gobierno del PP y la corrupción sin precedentes que se ha destapado en los últimos años y en la que están involucrados los grandes partidos y hasta la familia real.

Cálculos de analistas aseguran desde los medios de comunicación que son unos 7.000 millones de dólares el dinero desfalcado al erario público en solo 15 de los casos más importantes de los 1.600 que se tramitan actualmente en los tribunales, de los cuales un millar de los inculpados son dirigentes políticos.

Las protestas populares en una u otra parte del país son casi diarias y algunos observadores hablan ya del preámbulo de un estallido social.

Los movimientos sociales como Procés Constituent convocan hoy más gente que los sindicatos tradicionales. La mayoría de ellos son asamblearios y transversales y son la herencia dejada por el 15M.

La imagen de la protesta y la solidaridad es tan variopinta que hasta una asociación de literatos catalanes, Poesia en Acció, ha realizado un maratón de poesía en beneficio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las asociaciones ciudadanas más importantes del país que ayuda a las miles de personas que pierden su casa a manos de los bancos debido a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas de los créditos.

«Lo que hace Poesia en Acció es llevar a cabo acciones de carácter solidario para ayudar a grupos sociales que sufren debido a la crisis», indicó a IPS el poeta y crítico literario Guillem Vallejo, presidente de la organización.

«En los pasados dos años nos hemos centrado en ayudar a grupos españoles debido a la situación por la que está atravesando nuestro país. Antes ayudábamos a países africanos y a otros del Tercer Mundo», dijo Vallejo, quien junto a 60 poetas y 80 alumnos de sus talleres han publicado el libro «Poesía Solidaria» cuyos beneficios son para PAH.

«El dinero recogido en el maratón (12 horas seguidas de lecturas de poemas, un desayuno y un almuerzo solidarios el sábado 15) lo daremos a PAH para proyectos que consisten en que los niños de las familias en proceso de litigios por el tema de la vivienda puedan tener actividades y apoyo psicológico mientras sus padres intentan solventar los problemas legales», aseguró Vallejo.

En un continuo suma y sigue de ayudas, diversas asociaciones de motociclistas de España se solidarizaron el domingo 23 con los más necesitados y recogieron alimentos en una movilización en las Islas Canarias de Moteros contra el Hambre.

El Instituto Nacional de Estadística ha indicado que el desempleo en España ha superado 27 por ciento de la población económicamente activa, es decir más de seis millones de personas, y entre estas se encuentran más de 70.000 familias en las que ninguno de sus miembros trabaja.