Los trabajadores tuvieron un papel protagonista en el levantamiento popular que derrocó al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) en Egipto. Al cumplirse dos años del inicio de la revolución, ese mismo sector se enfrenta al nuevo gobierno por los la falta de derechos laborales. En los últimos meses, miles de trabajadores se han movilizado en todo el país exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, paralizando diversos sectores de una economía que todavía se recupera de la crisis de 2011.
El nuevo gobierno, liderado por los islamistas, prometió resolver rápidamente y de forma equitativa las disputas laborales, pero afronta grandes desafíos financieros. La plataforma de la Hermandad Musulmana, movimiento conservador musulmán que triunfó en las elecciones presidenciales de 2012, siempre ha hecho énfasis en la justicia social. Sin embargo, ese grupo antes proscrito, tiene un pobre historial en materia de derechos laborales. «Tuvimos una revolución, pero el único cambio fue pasar del Partido Nacional Democrático (de Mubarak) a la Hermandad Musulmana», explica el activista sindical Kareem El-Beheiry. «La Hermandad nunca ha hecho nada por el movimiento laboral, y nunca ha apoyado a los trabajadores o alos sindicatos independientes».
El presidente Mohammad Morsi, exlíder de la Hermandad, ha tenido que enfrentarse a varias pruebas desde que asumió el cargo en junio del año pasado. En 2012 ha habido más de 2.000 protestas laborales, la mayoría en en el segundo semestre del año, según los datos de un estudio del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales (ECESR).
Según señala el informe «No podemos más que reconocer el claro fracaso de la administración de Morsi para resolver esas protestas o al menos establecer un plan de atención a las demandas. El gobierno continuó adoptando las mismas viejas políticas, que solo agravaron el la situación». El ministro de Trabajo, Khaled El-Azhary, prominente miembro de la Hermandad, insta repetidamente a los trabajadores en huelga a que regresaran a sus puestos de trabajo mientras el gobierno estudia sus demandas. Insiste en que la frágil economía egipcia no puede darse el lujo de perder más producción y debía apuntar a una recuperación.
Egipto se esfuerza por reducir el déficit en el presupuesto estatal y en la balanza de pagos, mientras agota sus últimas reservas de divisas. El turismo, un sector clave para el ingreso de moneda extranjera, se ha desplomado tras la revuelta que se inició el 25 de enero de 2011, las inversiones extranjeras se han reducido alarmantemente y muchos proyectos siguen en suspenso debido a la incertidumbre política y económica.
Si bien el gobierno procura evitar las confrontaciones con los huelguistas, prometen mano dura contra aquellos que «obstruyan las huellas de la producción». En los meses siguientes a la toma de posesión de Morsi, la policía antidisturbios reprimió las protestas y arrestó a sus organizadores, mientras que los empleados públicos que participaron de actividades sindicales fueron despedidos, trasladados o sancionados.
El informe del ECESR denuncia que «más de 200 empleados y trabajadores fueron despedidos en los primeros tres meses de la administración de Morsi, y otros 100 fueron sometidos a investigaciones tras ser arrestados en protestas pacíficas». «Además, muchos empleados y trabajadores fueron agredidos físicamente durante las primeras protestas por parte de matones contratados porsus empleadores y por empresarios».
El gobierno de Morsi tomó prestada la antigua táctica delrégimen de Mubarak de usar los medios de comunicación públicos para calumniar a los movimientos de trabajadores e intimidar a sus líderes, señaló la periodista Hadeer Hassan, especialista en temas laborales. «La Hermandad Musulmana ve las huelgas como algo que socava la economía y el gobierno de Morsi», indica. «En vez de atender las demandas de los trabajadores, intenta volcar ala opinión pública contra estos usando a la prensa para presentarloscomo traidores y mafiosos».
Y cuando esto falla, las mismas «mentiras y falsas acusaciones desabotaje» son usadas en los tribunales. Al menos una decena de trabajadores han sido condenados por una ley aprobada por el gobierno militar de transición en marzo de 2011, que penaliza toda huelga «que perturbe la economía». El presidente Morsi no ha derogado la polémica norma ni tampoco ha anulado las sentencias, aunque tiene poder para hacerlo.
Mientras, el gobierno elabora una nueva legislación, que muchostrabajadores temen, restringirá la libertad de asociación yreestablecerá el control del Estado sobre las actividades sindicales. El primer borrador de la Ley de Libertad Sindical, destinada areemplazar las anticuadas y restrictivas normas de la era Mubarak,consagraba el derecho a la huelga y reconocía legalmente a centenares de sindicatos independientes que surgieron tras la revolución. Pero el texto fue finalmente desechado en favor de un nuevo proyecto elaborado por el ministro Khaled El-Azhary y otras figuras prominentes de la Hermandad.
Esta versión propone duras penas para los huelguistas que afecten laproducción. También limita el pluralismo sindical, exigiendo a cadaempresa que designe a un solo sindicato para que represente a sustrabajadores. Este proyecto de ley sería complementaria a otros artículos «antisindicales» en la nueva Constitución, aprobada el mes pasado en un referendo que dividió a la población.
El artículo 52 consagra el derecho a formar sindicatos, pero otroestipula que cada profesión puede tener solo una asociación detrabajadores. Este nuevo marco legal amenaza con eliminar a muchos de los más de 1.000 sindicatos independientes que existen en forma paralela a los más grandes, controlados por el Estado.
Ese es el punto, según Hassan. «La Hermandad Musulmana solo quiere sindicatos que pueda controlar».
