«Las finanzas están en el centro de las negociaciones», dice el asesor de políticas sobre cambio climático de Oxfam International, Timothy Gore, que participa en la 18 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 18), que se desarrolla en la capital de Catar hasta el 7 de diciembre. «El asunto ha llegado a un punto crítico en Doha. Los países en desarrollo están amargados pues ven, una vez más, que las naciones industriales no cumplen sus promesas».

Explica que «las organizaciones no gubernamentales reclaman al presidente de la COP que convoque una reunión especial sobre finanzas durante el segmento de alto nivel».

Si el presidente de la COP, el catarí Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, no llama a esa reunión, muchos ministros llegarán la semana próxima sin la autoridad necesaria para hacer nada en materia de finanzas. «Dudo de que la conferencia tenga éxito sin esto», agrega.

En 2009, en la COP 15 de Copenhague, los países en desarrollo aceptaron la propaganda de los industrializados de que entregarían ayuda financiera a partir de 2013 y de que esta llegaría a 100.000 millones de dólares anuales de financición adicional para 2020, dice Gore.

A cambio de este prometido Fondo Verde para el Clima -adoptado formalmente en la siguiente COP, de Cancún- el Sur en desarrollo aceptó el Acuerdo de Copenhague, un pacto respaldado por Estados Unidos para la reducción voluntaria de emisiones de gases que recalientan la atmósfera.

Fue una concesión de gran envergadura. Los países en desarrollo no solo querían un acuerdo legalmente vinculante, sino mayores compromisos de reducción de emisiones del Norte industrial y mucho más dinero para ayudarles a afrontar los impactos del cambio climático, dice Gore.

Para superar la brecha entre 2010 y 2012, los países industriales también acordaron un programa de financiación inmediata de 30.000 millones de dólares. Pero no todo ese dinero ha sido entregado y la mayor parte fue bajo la forma de préstamos en lugar de donaciones. Además, una porción importante no es nueva, sino parte de la ayuda al desarrollo ya comprometida, dice Nithika Mwenda, de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática.

Rastrear la contribución real de un país al programa de financiación inmediata para saber de dónde procede el dinero es extremadamente complejo, dijo Mwenda en una conferencia de prensa. El Fondo Verde para el Clima debe tener medidas claras de información y verificación, así como un órgano de control independiente.

Si las decenas de miles de millones de dólares del Fondo Verde se materializan, hay riesgo de que sean otra mala noticia para los pueblos indígenas del mundo, por ejemplo si van a financiar extensas plantaciones de árboles o megarrepresas que terminen desplazando a comunidades locales, insiste Victoria Tauli-Corpuz, representante nativa de Filipinas. «Estaremos en grandes problemas si el dinero del Fondo Verde se destina a los proyectos equivocados».

El Fondo Verde para el Clima está redactando salvaguardas ambientales y sociales para evitar esas consecuencias indeseadas. Pero la participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil es limitada.

El Fondo lo administra una junta de 24 representantes, 12 de naciones industrializadas y 12 de países en desarrollo. Hay cuatro observadores, dos de la sociedad civil y dos de la industria, que no tienen derecho a voto y a menudo tampoco a asistir a las sesiones, según Mrinal Kanti, indígena de la comunidad tripura de Bangladesh que asiste a las reuniones en calidad de observador.

«Ni siquiera recibimos los documentos por adelantado. Eso nos dificulta mucho la participación», señaló Kanti en un encuentro paralelo a la COP 18. «Muchos miembros de la junta no son conscientes de los problemas indígenas».

Un cuerpo de firmes salvaguardas debe combinarse con controles y verificaciones, así como con un mecanismo de quejas accesible para que las poblaciones locales se expresen en caso de que un proyecto financiado por el Fondo tenga un impacto negativo, opina Nira Amerasinghe, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental. «La participación de los pueblos indígenas es clave. Y en este momento las normas proyectadas son muy pobres».

También hay problemas sobre la gobernanza del Fondo. Los países industriales quieren que la junta lo administre, mientras el Sur en desarrollo opina que debe quedar bajo la órbita de la Convención Marco, en la que cada país tiene un voto, dijo Tauli-Corpuz. «En esta COP, los países ricos se están absteniendo de comprometer recursos para el Fondo para ver qué concesiones pueden arrancar a sus pares en desarrollo» y añadió «La pelea más grande en estas convenciones es por el dinero».

Costa Rica adoptó una posición diferente. «No estamos esperando. Actuar para reducir nuestras emisiones ha sido muy bueno para nuestra economía», dijo Mónica Araya, integrante del equipo negociador de ese país. Desde 1997, Costa Rica trabaja para cumplir el objetivo de ser neutral en las emisiones de dióxido de carbono para el año 2021.

A veces el mundo en desarrollo critica a ese pequeño país centroamericano por los ambiciosos pasos que da fuera del marco de la Convención. Es que «esto puede resultar muy frustrante», justificó Araya en una conferencia de prensa en Doha. «No hay duda de que los países ricos deben hacer más. Pero tenemos que hallar más países dispuestos a ceder y a hacer a un lado sus intereses nacionales», agregó.

«Aunque no es muy reconocido, los países en desarrollo han hecho esfuerzos sin precedentes para reducir sus emisiones en 2012. Si trabajamos juntos, podemos lograr mucho más, en especial los estados de ingresos medios».