Esposas con sujeción a la pared, esposas para pulgares metálicas, esposas de electrochoque que administran descargas de 50.000 voltios a personas detenidas y presas. Material de este tipo circula por la UE con autorización de los Estados miembros.

Lo ha desvelado Amnistía Internacional y Omega Research Foundation, en el informe De las palabras a los hechos, que hoy tiene previsto debatir la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo.

El informe constata que tres años después de que se introdujeran controles en la UE para prohibir el comercio de instrumentos de tortura, varios Estados no han aplicado o no han hecho cumplir de forma adecuada el reglamento.

Nuestra investigación muestra que a pesar de los nuevos controles, varios Estados miembros, como Alemania y la República Checa, han autorizado después de 2006 la exportación de armas y dispositivos de sujeción destinados a la labor policial a un mínimo de nueve países en los que Amnistía Internacional ha documentado el uso de tales materiales en actos de tortura, ha afirmado Brian Wood, director del equipo de trabajo sobre Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.

AI asegura que las lagunas en la legislación permiten asimismo que los proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley comercien con equipos cuyo único uso es infligir torturas o malos tratos.

Como parte de sus compromisos de combatir la tortura allí donde se produzca, los Estados miembros deben pasar ahora de las palabras a los hechos. Deben imponer controles realmente efectivos sobre el comercio europeo de material con fines policiales y de seguridad, y asegurarse de que tales artículos no se convierten en parte del conjunto de instrumentos del torturador, ha afirmado Michael Crowley, investigador de Omega Research Foundation.

Entre otros casos documentados, el informe señala que proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley en España e Italia han publicitado la venta de esposas o mangas de electrochoque para su uso con personas detenidas. Una laguna legal permite su comercio. Al menos una empresa española (NIDEC) ha puesto a la venta esposas paralizantes fabricadas en EEUU por Myers Enterprises y otra con base en España (Grupo TDS) las promociona.

Sólo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han informado públicamente de sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad controlados por el Reglamento, a pesar de que éste exige legalmente a todos los Estados miembros que así lo hagan.