Las campañas locales y estatales en Estados Unidos se han vuelto una verdadera puja económica. Las grandes empresas transnacionales y diversos grupos de interés corporativo esperan incidir en el resultado de los comicios de este martes. Desde California, pasando por Texas hasta Florida, empresas internacionales, grupos ideológicos y otros con mucho dinero han dado unos 1.600 millones de dólares a la campaña a través de los comités de acción política y organizaciones sin ánimo de lucro, según el National Institute on Money in State Politics, una organización que analiza el gasto electoral.

Parte del dinero ha ido a las legislativas locales y otra para las de jueces y jefes de policía, entre otros. Hay más de 6.000 candidatos y candidatas al Congreso legislativo, según el National Council of State Legislators, la mayoría dependiente de fondos privados.

Es difícil seguir la pista a los fondos que manejan las campañas, pues los estados tienen sus propias leyes al respecto y el dinero circula entre los partidos, los comités de acción política, grupos sin ánimo de lucro y organizaciones estatales y federales.

«El dinero es acceso, y definitivamente influye en el resultado de las elecciones», dice la experta en ética gubernamental JudyNadler, de la Universidad de Santa Clara, del estado de California. «Una gran suma de dinero no se declara ni está regulada» en algunos estados apunta.

El «gasto externo» aumentó un 38 por ciento entre 2006 y 2010, según el National Institute on Money in State Politics, y el gasto de los candidatos aumentó un 19 por ciento en el mismo periodo.

Grandes sumas de dinero con fines especiales se han destinado a referendos locales. Este año, 38 estados han sometido iniciativas de este tipo a votación, según el National Council of State Legislatures.

De costa a costa

En California, la lucha de los intereses económicos es muy fuerte con 570 millones de dólares invertidos en la campaña para las elecciones de este martes. De esa suma, 421 millones de dólares se han destinados a grupos a favor o en contra de referendos vinculados al tabaco y a los alimentos genéticamente modificados.

En las elecciones primarias de este año no prosperó por escaso margen una iniciativa en California para aumentar un dólar los impuestos a los cigarrillos. Los grupos favorables gastaron 18,2 millones de dólares en la campaña, pero las compañías tabaqueras, entre ellas Philip Morris y Reynolds, destinaron 46 millones de dólares en publicidad para defender su postura.

La propuesta de etiquetar alimentos genéticamente modificados enfrentó a consumidores, productores y comerciantes, con 8,2 millones de dólares, contra las grandes corporaciones agrícolas y los supermercados, con 48,7 millones de dólares.

El gigante de la biotecnología, Monsanto, destinó 7,1 millones de dólares a la campaña contra la iniciativa, seguida del consorcio Dupont, con 4,9 millones de dólares, y Pepsico, con 2,1 millones, entre otras.

En Texas, donde las contribuciones a los candidatos superaron los 113 millones de dólares, algunas personas y empresas se destacan por la excesiva generosidad de su aportación al proceso electoral.

Uno de ellos es Bob Perry, un magnate del sector inmobiliario de Houston que financió al candidato del Partido Republicano, Mitt Romney, dando más de 10,7 millones de dólares al comité de acción política Restore Our Future (recupera nuestro futuro), según el independiente Centre for Responsive Politics , con sede en Washington. Este año, Perry ha superado su marca que estaba en 2,4 millones de dólares en Texas.

Más de 72,5 millones de dólares se han invertido en las campañas electorales de este año en el estado de Florida, donde destacan los grupos empresariales.

La compañía de servicios Progress Energy es la que más ha aportado con 709.000 dólares para los candidatos, el 90 por ciento de los cuales eran republicanos. Otros importantes contribuyentes son la compañía de seguros de salud privada Blue Cross Blue Shield, que entregó 648.000 dólares, y Walt Disney Company, que donó 497.000 dólares.

El conservador Sheldon Adelson, dueño de un casino en la ciudad de Las Vegas, también se metió en la política de Florida con 250.000 dólares para el Partido Republicano de ese estado.

«No deberíamos tener corporaciones financiando las elecciones. No son personas, no votan y no deberían participar para decidir sobre nuestro gobierno», protesta Craig Homan, de Public Citizen, una organización de defensa del consumidor con sede en Washington.

Influyentes comités de acción política

Los comités de acción política y grupos sin fines de lucro inciden en la campaña de Florida, así como en la de otros estados.

Tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de Florida podrían perder su puesto porque algunos grupos conservadores se molestaron con el apoyo que los magistrados dieron a la reforma sanitaria lanzada en 2010 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Según una investigación realizada por el Centre for Public Integrity, los ataques contra los jueces proceden principalmente de dos organizaciones políticas ultraconservadoras con muchos recursos económicos, Restore Justice 2012 y Americans for Prosperity, financiadas por los millonarios hermanos Koch.

A favor de los magistrados está la organización Defend Justice from Politics. No está claro cuánto dinero se gastó en la campaña por la reelección de los jueces debido a las oscuras normas sobre rendición de cuentas.

En muchos estados, incluido Nueva York, la ciudadanía se moviliza para sacar el dinero de la política. Otros, como Arizona, Connecticut y Maine, han restringido las normas sobre la contribución a las campañas electorales, en gran parte a instancias de iniciativas ciudadanas. Una amplia ley de reforma al respecto fue aprobada por la ciudadanía en Massachusetts en 1998, pero rechazada por los legisladores.

Algunos candidatos se niegan a recibir fondos corporativos e, incluso, uno que aspira a un asiento en la Cámara de Representantes de Massachusetts directamente se negó a recibir fondos. Se trata de Mike Connolly, también conocido como No Cash Mike, que nos dice que «el dinero en el sistema político interfiere con el progreso real».

Afirma que «el noventa y cuatro por ciento de las veces, el candidato que reúne más dinero gana. Cuando unas pocas personas son capaces de influir en una elección y en la dirección de un gobierno, se trata de un atentado contra la esencia de la democracia».