Schulz ha dirigido un escrito a los eurodiputados en el que se refiere a las más de 200 enmiendas y peticiones de voto por partes y de voto separado que se han presentado al informe que hizo y, que fue aprobado por la comisión de Comercio Internacional, el socialdemócrata alemán Bernd Lange. El presidente de la Cámara pide a la comisión parlamentaria que se reúna y analice las modificaciones y peticiones planteadas por los eurodiputados. El debate se realizará en el pleno como estaba previsto pero no habrá votación.

La normalidad del Parlamento Europeo indica que una vez que un informe ha sido aprobado por la comisión lo será también en el pleno. Esta vez no estaba tan claro. Y en las instituciones europeas que algo se salga de la normalidad es poco menos que intolerable.

Así que la respuesta de Lange ha sido: «Respetamos la decisión del presidente Schulz y seguiremos trabajando en el texto en comisión. Utilizaremos este tiempo adicional para buscar una mayoría estable que apoye la resolución. El Parlamento sólo podrá enviar un mensaje claro a los negociadores si nuestra posición está respaldada por una amplia mayoría». La comisión de Comercio Internacional tiene previsto reunirse en Bruselas el 15 y 16 de junio.

Tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de los Estados Unidos deben aprobar la negociación.

En el TTIP hay varias cuestiones controvertidas, pero la que suscita más desconfianza a los europeos es el mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Establece la forma en la que se deberán resolver las posibles diferencias entre inversores extranjeros y los países en los que han invertido.

En la actualidad hay dos maneras principales de solventar este tipo de disputas: los tribunales nacionales y las instancias privadas de arbitraje internacional:

El sistema de tribunales nacionales, trata de aplicar el sistema de Justicia de los países socios. Los críticos argumentan que puede favorecer al propio país y que podría suceder que estos tribunales no aplicaran de manera automática las obligaciones internacionales.

El sistema privado de arbitraje (conocido como ISDS, que es el que Estados Unidos prefiere), en este caso los árbitros no son jueces, sino abogados especializados en derecho comercial. Es independiente de los Estados. Sin embargo, los críticos temen que restrinja el derecho de los Gobiernos de reglamentar en pro del interés público y que pueda provocar conflictos de interés.

Para evitar que este sistema de arbitraje pudiera favorecer los intereses de las empresas sobre el interés común de los países la Comisión Europea propone incluir en el TTIP una lista de árbitros previamente acordada entre la UE y EEUU.

La CE propuso el pasado 6 de mayo otras dos opciones: Un instrumento nuevo que necesitaría de 10 a 15 años para establecerse y que además requeriría financiación y, un organismo bilateral de apelación con 7 jueces exclusivos para el TTIP.

Este sistema se podría poner en marcha con relativa celeridad. La UE y EEUU pactarían los 7 jueces: 2 serían de la UE, 2 de EEUU, y 3 de otros lugares.

Según la reforma que propone la Comisión Europea, cuando se produzca una disputa, los inversores podrían elegir con libertad el mecanismo que prefirieran. Para evitar compensaciones dobles o decisiones contradictorias, estarían obligados a elegir una opción desde el principio y mantenerla. No podrían recurrir a mecanismos paralelos y luego seleccionar la decisión más favorable.