Es una especie de pacto de caballeros global, donde se supone que el mundo está habitado solo por caballeros, incluyendo las corporaciones petroleras. De hecho, es un acto de irresponsabilidad colosal, donde en aras de un acuerdo, se evita una solución.

Lima ha sido la última etapa previa a la COP 21, que tendrá lugar en París en diciembre del año próximo, donde se supone que se debería lograr un nuevo tratado global sobre el cambio climático. En Lima, miles de delegados de 195 países más la Unión Europea han estado negociando para tratar de encontrar una posición común para la cita final en París.

La COP de la capital peruana fue precedida por una reunión histórica entre los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China, en la que los jefes de Estado de los dos principales países contaminadores acordaron un plan de acción para reducir las emisiones.

La idea principal que salió de Lima es permitir que cada país decida sus reducciones de las emisiones de dióxido de carbono de acuerdo con sus propios criterios. Pero todo el mundo es consciente de que eso es un desastre para el planeta.

«Es un avance, ya que da sentido a la idea de que cada país va a hacer reducciones», estimó el diplomático holandés Yvo de Boer, ex secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. «Pero las grandes esperanzas sobre el proceso se han desvanecido», agregó.

Todos los delegados saben que sin un tratado vinculante para reducir las emisiones, no hay manera de que un plan al respecto se ponga en práctica. Pero aceptan lo posible, incluso si no se soluciona el problema. Es como un hospital donde el cirujano jefe anuncia que la buena noticia es que el paciente quedará paralítico.

El proyecto de acuerdo se basa en que todos los países se comprometen públicamente a adoptar su propio plan para reducir las emisiones, mediante criterios establecidos por los gobiernos nacionales, sobre la base de su política interna, en vez de adoptar las medidas que los científicos indican como absolutamente necesarias.

Por supuesto, esto hace que ningún país se oponga a ese tipo de tratado. El tratado solo podría ser válido si el sistema intergubernamental fuese capaz de actuar unido y asumir compromisos comunes. Este acto de irresponsabilidad es evidente cuando observamos que en países productores de combustibles fósiles, como Arabia Saudita, Ecuador, Irán, Nigeria, Qatar o Venezuela, los gobiernos están interesados en utilizar las exportaciones de petróleo para mantenerse en el poder.

Podemos imaginar cómo interpretará la India, el tercer mayor emisor, el espíritu del tratado de Lima. Bajo la consigna «Nos gusta India limpia, pero necesitamos puestos de trabajo», el gobierno del primer ministro Narendra Modi se mueve a una velocidad notable para eliminar cualquier norma regulatoria para la industria, la minería, proyectos de energía, fuerzas armadas, etcétera.

Según el comité encargado de reformar la legislación ambiental de India, el sistema de regulación «sirve solo a los propósitos de una administración corrupta». En su lugar, el comité presenta un nuevo paradigma: «el concepto de máxima buena fe». Los empresarios se vigilarán a sí mismos sobre la contaminación generada por sus actividades».

La recién creada Dirección Nacional para la Vida Silvestre de la India, que es responsable de las áreas protegidas, aprobó 140 proyectos pendientes en dos días. Las pequeñas minas de carbón cuentan con un permiso expedito para ampliarse y ahora no es necesaria la aprobación de los pueblos tribales para los proyectos forestales.

El ministro de Ambiente, Bosques y Cambio Climático, Shri Prakash Javadekar, se jacta de que en India, «hemos decidido descentralizar la toma de decisiones. El noventa por ciento de las solicitudes no necesitarán mi aprobación». Por supuesto que es una total coincidencia que la conferencia de Lima se haya celebrado en medio de la mayor disminución de precios del petróleo en cinco años.

El barril de petróleo ha descendido a menos de 60 dólares, contra los 100 o más dólares de hace unos meses. Este nivel de precio ha sido decidido especialmente por Arabia Saudita, que no aceptó reducir la producción para defender el precio del crudo.

La explicación más frecuente es que el bajo coste socavaría la explotación de gas y petróleo de esquisto que están convirtiendo a Estados Unidos en autosuficiente y dentro de poco en exportador de hidrocarburos. Pero también hay que considerar el futuro de las energías renovables. La eólica o la solar, que tienen costes relativamente elevados, serían abandonadas si se dispusiera de petróleo barato.

Siempre por coincidencia, esta situación está creando serios problemas a países como Rusia y Venezuela (en conflicto con Washington) e Irán (enemigo directo), ya que están encarando graves déficit en sus cuentas. También casualmente, el uso de la abaratada energía de origen fósil se está perfilando más tentador, en momentos en que todo el mundo por fin admite que existe un problema de cambio climático.

A partir de marzo, los países tendrán que presentar sus planes nacionales. Entonces quedará claro que los gobiernos están ignorando la muy simple tarea de detener el cambio climático, lo que se traducirá en daños irreversibles al llegar a la última fecha límite de 2020, el año en que el nuevo tratado debería entrar en vigor.

De esta forma, el ejercicio de irresponsabilidad de Lima también se convertirá en un ejercicio de futilidad.

¿Existe alguna duda de que, si la gente y no los gobiernos fuesen los responsables de salvar el planeta, su respuesta habría sido más rápida y eficiente?

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