En España funcionan 533 instalaciones industriales o agrícolas sin cumplir la normativa comunitaria sobre medio ambiente, según denunció la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE ahora ha dado la razón a Bruselas y condena a España por no aplicar correctamente la directiva europea.

España había argumentado que el 88,53% de las instalaciones se ajustan a la legislación europea para reducir la contaminación, es decir, entiende que cumple lo dispuesto por la UE para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente.

Sin embargo el Tribunal aclara que hay que llegar al 100%. «Ha de considerarse que solo una ejecución completa y total de las obligaciones para alcanzar un nivel adecuado de protección del medio ambiente por parte de los Estados miembros permite cumplir el objetivo perseguido».

En su defensa, España también alegaba en el recurso que las autorizaciones medioambientales son competencia de las comunidades autónomas y eso complica los trámites y alarga los plazos de ejecución. Pero el Tribunal ha respondido que los Estados «no pueden alegar disposiciones prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos».