Seis proposiciones de ley, dos comunicaciones y un informe componen el cuarto paquete de reforma del ferrocarril europeo que deberá entrar en vigor en 2019. El ferrocarril es una parte vital del transporte de la UE, con un papel clave para tratar la creciente demanda de tráfico, evitar que se congestionen y colapsen las carreteras con más camiones y más grandes, asegurar el abastecimiento y la descarbonización. Para la UE permitir el deterioro del ferrocarril no es una opción.

Según la CE muchos mercados ferroviarios europeos están al borde del estancamiento o del retroceso. En muchos casos, las empresas ferroviarias han tenido que cerrar y, en algunos países, como España, Portugal o Bulgaria, los principales operadores se han endeudado. En Bélgica, en 2004, la deuda de 7.400 euros de la compañía principal, el 2 por ciento del PIB del país, tuvo que ser asumida por el Estado.

La CE propone por una parte reducir los costes administrativos de las empresas ferroviarias facilitando la entrada de nuevos operadores en el mercado. La Agencia Ferroviaria Europea se convertiría en una «ventanilla única» para autorizar la comercialización de los trenes en toda la UE y certificar la seguridad para las compañías, que ahora facilita cada Estado miembro.

Estas medidas reducirán en un 20 por ciento el tiempo de entrada de nuevas empresas ferroviarias y un 20 por ciento, así mismo, el coste y duración de la autorización del material rodante. Según cálculos de la UE, eso supondrá un ahorro para las empresas de unos 500 millones de euros de aquí a 2025.

Nuevos operadores para garantizar la innovación, la eficiencia y la rentabilidad

La propuesta estrella es que a partir de diciembre de 2019 los ferrocarriles nacionales de viajeros se abran a nuevas empresas y servicios. Podrán ofrecer servicios comerciales competitivos, o se presentarán a licitaciones para obtener contratos de servicios públicos ferroviarios que representan más del 90 por ciento de los trayectos ferroviarios de la UE y estarán sujetos a concurso.

En la actualidad sólo Suecia y Reino Unido han liberalizado completamente sus mercados, Alemania, Austria, Italia, Chequia y los Países Bajos lo han hecho de forma limitada.

La experiencia de la liberalización, en especial la sueca, es buena. Los pasajeros han aumentado, en algunos casos, hasta en un 50 por ciento en 10 años. En otros la licitación de servicios públicos ha permitido en algunos un ahorro de entre el 20 y el 30 por ciento.

El punto de fricción entre la CE y la Deutsche Bahn alemana y la SNCF francesa, que no quieren vender las infraestructuras de red que controlan, está en la necesaria separación entre las empresas ferroviarias y los administradores de las infraestructuras. Los dos países han ejercido una presión que ha estado a punto de retrasar aún más la publicación de este cuarto paquete de medidas. Incluso se ha hablado de la intervención personal de la canciller alemana Angela Merkel. Finalmente el acuerdo ha sido que «una estructura integrada verticalemente, de tipo holding, también puede alcanzar la independencia que se precisa con 'murallas chinas' impermeables que garanticen la necesaria separación jurídica, financiera y operativa».

Según datos de la CE, cada año se realizan más de 8.000 millones de trayectos de viajeros por ferrocarril y un 10 por ciento de todo el tráfico de mercancías en toda Europa, con unos ingresos estimados de unos 13.000 millones de euros. Por el corredor de mercancías Rotterdam-Génova, pasan unos 130.000 trenes al año, que equivale a casi 4 millones de camiones.