Una parte de los 300.000 millones de euros del reciente plan de inversiones propuestos por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en cuanto a investigación y desarrollo, se podrán destinar al sector espacial. Una decisión con la que se espera se ayude a que todos los Estados miembros de la UE consigan alcanzar el 3 % del PIB de inversión en el terreno de la investigación. «Hay que invertir más en investigación e innovación, pero hay que hacer inversiones de calidad, para sacar el mayor rendimiento posible a cada euro invertido», ha comentado Moedas.
España recupera la 5ª posiciónLos países que más invierten en espacio, un sector que oficialmente genera 800 millones de euros anuales y da empleo a 5.000 personas, 3.200 de ellos de forma directa, según datos de la comisión Proespacio de TEDAE, son por orden, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Les siguen Bélgica, Suiza, Noruega, Holanda, Suecia. Austria y Luxemburgo. Significativo es el caso de Reino Unido, que ha aumentado en el último año su inversión hasta un 25%.
Y es que, cada uno de los 20 miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA) – no todos los estados miembros están aún incorporados - aporta una cantidad obligatoria calculada en función de su PIB. Con esta partida se financian los gastos de mantenimiento de la agencia, proyectos científicos, tecnología básica... eso sí, cada país elige libremente en qué programas optativos invierte y que cifra destina. Una decisión estrechamente vinculada con los contratos que se firman con las empresas nacionales de cada país que trabajan en este sector.
En el caso de España, se aportan 334 millones de euros: 182 millones para el nuevo lanzador Ariane6 que permitirá la colaboración de nuevas empresas españolas en este proyecto; 46 millones a otras lanzaderas, 17 millones al mantenimiento de la Estación Espacial Internacional (ISS), 20 millones para el desarrollo de un sistema nacional de Vigilancia Espacial, 18 millones para mantener las capacidades tecnológicas de la industria española, 15 millones para el desarrollo de nuevas tecnologías, 25 millones para la constelación de satélites europeos Copérnico (que generan un negocio adicional pagado con fondos de la Comisión Europea), 12 millones para las misiones científicas futuras (incluyendo el mantenimiento del centro espacial de Maspalomas) y 10 millones para la misión a Marte, Exomars y para actividades tecnológicas preparatorias de futuras misiones.
La ESA cuenta actualmente con la participación de un total de veinte Estados Miembros: Alemania con una aportación de 614 millones de euros, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. Además, de contar con un acuerdo a largo plazo con Canadá, como Estado Asociado de la Agencia. Asimismo, Hungría, Estonia y Eslovenia son «Estados Europeos Colaboradores» y se espera que los nuevos Estados Miembros de la UE se vayan incorporando paulatinamente a este proceso.
España, miembro fundador de la ESA, se sitúa históricamente entre el 5º y el 6º puesto de donantes de la ESA. Sin embargo como consecuencia de la crisis económica en los últimos años había quedado relegada a la posición 12 por su contribución financiera que ha llegado a caer un 80%, y su peso en el sector industrial con poco más de 80 millones de euros de inversión. Una situación que pretende subsanar el presente aumento y la organizando del Consejo Ministerial de la ESA previsto para 2019 - el próximo tendrá lugar en 2016 en Suiza -. Y es que, no se celebra en España ningún evento de estas características desde el Consejo Ministerial de la ESA de hace 22 años en Granada.
La celebración de un consejo ministerial en un Estado miembro es un evento de gran importancia para dicho Estado, dado que además de la visibilidad que obtiene, aumenta su capacidad de influencia al presidir todas las reuniones preparatorias. Asimismo, representa una buena oportunidad para conseguir una mejor visualización internacional de la capacidad tecnológica-industrial de un país en concreto y los beneficios que estos sistemas de investigación y telecomunicaciones pueden ofrecer al ciudadano.