Inversores especulativos exigen 1.700 millones de euros en compensaciones

Inversores especulativos reclaman más de 1.700 millones de euros en concepto de compensación a Grecia, España y Chipre ante tribunales internacionales privados por las medidas adoptadas para afrontar la crisis económica, según revela un nuevo informe publicado por el Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO).

El informe «Cuando la crisis es negocio – Cómo las corporaciones y los abogados saquean a los países europeos en crisis» pone al descubierto un creciente aumento de demandas interpuestas por corporaciones contra algunas economías europeas en dificultades y que podría comportar que los contribuyentes europeos pagaran millones de euros en un segundo rescate público; esta vez, para pagar a los inversores especulativos. El informe arguye que estas demandas representan una sana advertencia de los altos costes que podría entrañar el tratado comercial propuesto entre la UE y los Estados Unidos, cuya cuarta ronda de negociaciones se desarrolla estos días en Bruselas.

Pia Eberhardt, coordinadora de campañas sobre comercio de Corporate European Observatory y co-autora del informe señala que «los inversores especulativos ya están usando los acuerdos de inversión para asaltar los maltrechos fondos públicos de los países europeos en crisis. Sería una locura política conceder a las corporaciones los mismos derechos excesivos en el tratado comercial entre la UE y los Estados Unidos, el cual tendrá un alcance aún mayor».

«Cuando la crisis es negocio», analiza una serie de disputas inversor-Estado lanzadas contra España, Grecia y Chipre después de que estallara la crisis económica en Europa. En la mayoría de los casos, los inversores no contaban con un largo recorrido en el país, sino que invirtieron cuando la crisis se empezó a vislumbrar y, por lo tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos. Estos han usado los acuerdos de inversión como una vía de escape para saquear más dinero de los países en crisis cuando estas inversiones de alto riegso no estaban dando los frutos esperados, explica el informe.

Por ejemplo, 12 de las 22 compañías que están demandando a España por el recorte de subsidios en el sector de la energía solar solo entraron en el mercado después de la crisis y de que el Gobierno empezara a limitar su programa de ayudas. Aunque el recorte de estos subsidios ha sido justamente criticado por grupos ecologistas a causa de su impacto en la producción y el uso de energías renovables, solo los inversores extranjeros tienen derecho a presentar una demanda por la caída de sus ganancias proyectadas y, en caso de de ganarla, serán los contribuyentes españoles los que deberán asumir el coste.

Cecilia Olivet, co-autora del informe para el Transnational Institute, comenta que «en un momento en que en toda Europa se está despojando a los ciudadanos de derechos sociales básicos, resulta perverso que la UE respalde un régimen internacional de inversiones que proporciona una protección VIP a inversores extranjeros fundamentalmente especulativos. Ha llegado la hora de decir no a un sistema de justicia privatizado que apoya a buitres corporativos y socava regulaciones de vital importancia para el interés público».

El estudio también desvela cómo los inversores especulativos cuentan con el apoyo de despachos de abogados internacionales que fomentan activamente las demandas inversor-Estado. Las firmas de abogados se benefician –ya sea acusando o defendiendo a los Estados– y están cosechando importantes recompensas financieras con estos procesos. Por ejemplo, el bufete británico Herbert Smith Freehills, contratado para representar a España en al menos dos casos, podría ganar hasta 1,6 millones de euros por los casos.

La creciente polémica en torno a las negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos ha obligado a la Comisión Europea a suspender temporalmente las discusiones sobre el capítulo relativo a los derechos de los inversores del acuerdo transatlántico propuesto y anunciar una consulta pública sobre el tema, que se prevé que comience este mes. Sin embargo, la Comisión ya ha señalado que no desea abandonar estos controvertidos derechos corporativos, sino solo reformarlos.

Según Pia Eberhardt: «Es imposible disciplinar al sistema de arbitraje inversor-Estado. Las firmas de abogados ávidas de lucro y sus clientes corporativos siempre encontrarán una forma de demandar a los países por cualquier acción que amenace a sus ganancias, incluso aunque se trate de leyes muy necesarias para salir de una crisis financiera. Los súper derechos de las corporaciones se deben abolir».