El próximo 25 están llamados a comparecer el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbleom, y representantes de la troika (Comisión Europea (CE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE)), para que aclaren cómo se decidió el rescate de Chipre y los otros tres anteriores, Irlanda, Grecia y Portugal.

La presidenta de la Comisión, Sharon Bowles, ha dicho en un comunicado que la forma en la que se decidió el rescate de Chipre «es especialmente preocupante» ya que ha dado lugar a que la opinión pública piense que los Estados miembros no reciben siempre un trato justo, una percepción «reforzada por la falta de transparencia y por los mensajes contradictorios».

Según Bowles «hay una clara necesidad de mejorar las estructuras de toma de decisiones para eliminar la impresión que tienen los ciudadanos de que los programas de ajuste para los países se imponen desde fuera y transgreden indebidamente la soberanía nacional». Para evitar que eso continúe ha convocado a los miembros de la troika y a Dijsselbloem para mantener con ellos «un intercambio de puntos de vista».

Los textos de los rescates establecen que la Comisión del Europarlamento y el Parlamento del país afectado pueden invitar a la troika para aclarar puntos del acuerdo.

También en Chipre la Comisión de Ética del Parlamento que preside, Dimitris Silluris, tiene dudas que aclarar. Una de las más importantes el hecho de que más de 6.000 clientes -tanto personas físicas como empresas- hicieran transferencias al extranjero durante las dos semanas anteriores al corralito.

Hubo personas que hicieron hasta tres y cuatro envíos de dinero a bancos de fuera del país. Las transferencias eran legales pero la investigación se basa en si lo hicieron porque tenían información privilegiada de que los bancos cerrarían.

Silluris lamenta que en la lista con nombres que le ha sido remitida solo figuren las transferencias hechas entre el 1 y el 15 de marzo, a pesar de que él había pedido información de todo el año anterior.

La prensa chipriota ha publicado una lista con 132 operaciones de particulares y empresas por un importe de unos 700 millones de euros. Uno de los evasores es el consuegro del presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, cuya empresa transfirió el 12 y el 13 de marzo un total de 21 millones de euros.