La profanación de 250 tumbas en un cementerio judío del este de Francia este fin de semana, es una de las pruebas más recientes de la discriminación que golpea a esa comunidad. Un sentimiento de inseguridad que ha provocado, según algunos estudios, que la migración hacia Israel se haya triplicado entre 2012 y 2014. «En los últimos años, ha habido un gran aumento de los actos antisemitas. En el primer semestre de 2014, el número de actos antisemitas prácticamente se duplicó», apunta el responsable de derechos humanitarios del Consejo de Europa.
El político letón, ha observado un creciente número «de actos anti-musulmanes, el 80% de los cuales ha sido contra las mujeres», y resalta con «gran preocupación... los actos homófobos, que se producen una vez cada dos días». En un informe enviado al gobierno galo, señala que «es esencial poner fin a esos actos, incluso en Internet, y se debe sancionar a los responsables» y pide a las autoridades francesas que «incluyan la lucha contra la discriminación en un plan nacional para promover y proteger los derechos humanos». Muižnieks cree que «la ratificación del Protocolo número 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la prohibición general de la discriminación, también ayudaría a fortalecer aún más el marco legal».
Otro de los colectivos más afectados por la intoleracia y el racismo son los gitanos, que continúan siendo estigmatizados mediante manifestaciones de odio, y que encuentra grandes dificultades para el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. El comisario europeo considera que los gitanos siguen siendo blanco «del discurso de odio que emana de ciertos políticos y de los medios de comunicación». En su informe destaca que en muchas ocasiones son víctimas de violencia perpetrados por individuos y, a veces incluso por miembros de las fuerzas del orden, en particular durante las operaciones de desalojo forzoso.
El responsable europeo de Derechos Humanos ha instado a la autoridades a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en Calais y pide que se les proteja mejor de los ataques xenófobos violentos. En ese sentido destaca que la tendencia a imponer normas más estrictas y complejas en materia de asilo e inmigración «plantea serias dudas de compatibilidad con los compromisos internacionales de Francia» y obliga a muchos de ellos a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad y situaciones degradantes. Considera que la acogida de demandantes de asilo presenta «insuficiencias graves y crónicas»
Otro de los fallos que ha constatado es la acogida y atención de menores de edad no acompañados. Se calcula que en Francia viven entre 7.000 y 12.000 menores (3.000 están en Mayotte, una isla de ultramar al norte del canal de Madagascar), muchos de ellos no tienen ningún tipo de apoyo social, educativo o sanitario.
Nils Muižnieks que visitó Francia del 22 al 26 de septiembre considera que «hay una necesidad urgente de combatir la intolerancia de una manera sostenida y sistemática». En su informe de respuesta el gobierno francés recuerda que la ley penal francesa persigue los actos de violencia racista y que recoge algunas de las sugerencias del responsable de derechos humanos del Consejo de Europa.
