Dos años después, las familias campesinas afectadas y gran parte de la ciudadanía paraguaya siguen reclamando el esclarecimiento de esos hechos, un juicio justo para los campesinos imputados tras el desalojo y el acceso a las tierras en disputa, que demandan desde 2004, cuando iniciaron el trámite administrativo previsto por el Estado para otorgar propiedades públicas disponibles a familias rurales sin tierra.

En mayo pasado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) -dependencia gubernamental a cargo de implementar la reforma agraria- confirmó que Marina Kue es una propiedad estatal. Esa declaración debe ahora ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia, organismo que ya se pronunció en contra de las acciones legales de una empresa –propiedad de una de las familias más enriquecidas del país- que reclama la finca como suya, luego de que en 2004 la registrara a su nombre tras un irregular proceso judicial.

Para el director de Oxfam en Paraguay, Oscar López, si se entrega la finca Marina Kue (situada en Curuguaty) a las familias víctimas de la masacre de 2012, Paraguay estaría haciendo justicia por partida doble. «Honraría su demanda histórica por el derecho a la tierra y supondría también que los campesinos imputados pudieran quedar exentos del cargo de invasión de inmueble ajeno; debilitando así el argumento de la acusación presentada en su contra por la fiscalía,» asegura.

Un proceso judicial irregular

El próximo 26 de junio se inicia el juicio contra las personas imputadas tras la masacre, todas campesinas. Numerosas organizaciones de la sociedad civil denuncian que el proceso judicial ha sido irregular y que el Estado no ha garantizado el derecho de los campesinos a un juicio justo. De hecho, sólo se han investigado las muertes de los policía y no las de los campesinos.

Por su parte, y según informa Oxfam Paraguay, el 65,5 por ciento de la ciudadanía paraguaya cree que no se están respetando los derechos constitucionales de los imputados y un 82 por ciento considera que hay información vinculada al caso que todavía no ha salido a la luz, según revela una encuesta del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo.

Oxfam, la Articulación por Curuguaty y las familias afectadas lanzaron la campaña internacional de firmas «Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro», apoyada por diversos colectivos, instituciones, artistas paraguayos e internacionales y figuras como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La campaña exige al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, la entrega de la tierra pública de Marina Kue a las familias y jóvenes de Curuguaty; y trata de abrir un diálogo transparente con el poder ejecutivo paraguayo que permita resolver cuanto antes este caso de acaparamiento.

«No descansaremos hasta que el Gobierno de Cartes haga justicia», dice Perla Álvarez, representante de la Articulación por Curuguaty. «Le pedimos que actúe pronto y otorgue a las familias y jóvenes la tierra, la vida digna y el futuro al que tienen derecho; a la ciudadanía de América, de Europa y de todo el mundo le pedimos que se sume a las miles de personas que ya dieron su firma a nuestra campaña», agrega. «Debemos usar nuestro poder para detener el acaparamiento de la tierra».

Paraguay es el país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros. La extensión de la frontera agroganadera es cada vez más intensa y el monocultivo de soja está creciendo de manera exponencial en el país, que es el sexto productor y el cuarto exportador de soja del mundo, producto que abarca hoy el 90 por ciento de la tierra de cultivo dejando a millares de pequeños campesinos sin tierra. Por otro lado, el aumento del monocultivo ha provocado una reducción de 9 a 1,5 millones de hectáreas de los bosques del país entre 1950 y 2004, según WWF.

Concentración de la tierra

La grave concentración de la tierra se repite en varios países de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la FAO, en 2011 diez países de la región presentaban un grado elevado de acaparamiento de tierras y otros 3 un grado regular. Los diez países donde se registra un acaparamiento de tierras sustancial son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que lo presenta en un grado regular son Panamá, México y Nicaragua.

«Curuguaty es un triste ejemplo de criminalización del campesinado y de exclusión de la juventud rural a raíz de un proceso de acaparamiento de tierras, por ello, debemos evitar que se repita en otros países», dice Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña Crece de Oxfam en América Latina.

«Se trata de un problema real. En Honduras 700 campesinas tienen orden de captura por defender su derecho a la tierra, en Guatemala casi 800 familias fueron desalojadas violentamente de su territorio para concederlo a empresas productoras de caña; y en Colombia, sólo en 2013, más de 50 líderes campesinos y comunitarios fueron asesinados. Esto debe detenerse ya,» concluye.