«Todos los portugueses se verán afectados por el fuerte aumento de impuestos y la disminución de las prestaciones sociales, pero algunos más que otros, lo que suscita serias dudas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios», dijo Cavaco en un mensaje televisado sobre unos presupuestos que él mismo había firmado poco antes.

La justificación del presidente para respaldar las cuentas y después recurrirlas es que «sin los presupuestos, el país quedaría privado del mayor instrumento económico del que dispone, lo que conllevaría unas consecuencias extremadamente negativas», argumentó.

Pero el gesto está ahí y lleva carga de profundidad. La presidencia portuguesa ha concretado después que pide el veredicto del Constitucional sobre tres artículos que se refieren a la suspensión de pagas extraordinarias y al impuesto extraordinario de «solidaridad» creado por el gobierno portugués, que implanta una nueva tasa del 3,5% sobre el rendimiento de todos los trabajadores. Unas medidas que, según cálculos de la prensa portuguesa, equivalen a más de 1.500 millones de euros, con los que el ejecutivo de Lisboa cuenta para hacer frente a la reducción del déficit.

La decisión del presidente desvela unas cuando menos tensas relaciones con el primer ministro, Pedro Passos Coelho, ambos del mismo partido, el conservador Partido Socialdemócrata. El secretario general del partido, Matos Rosa, ha tenido que hacer filigranas en sus declaraciones sobre la medida presidencial para «respetar la decisión del señor presidente de suscitar el análisis» del Constitucional y, a la vez, reiterar que se trata de «un presupuesto justo, que garantiza la equidad en el reparto de sacrificios».

Sin embargo, Cavaco ha dado alas a los socialistas, que consideran que el mensaje del presidente «viene a confirmar algo cada vez más evidente a los ojos de todos los portugués: Portugal tiene un primer ministro profundamente aislado, política y socialmente», dijo Joao Ribeiro, portavoz del PS. Los presupuestos fueron aprobados con los votos de la coalición conservadora PSD y CDS-PP y la oposición de socialistas, comunistas, bloque de izquierda y verdes.

El gobierno de Passos Coelho repite que hay poco margen de maniobra y que todos los recortes son necesarios para cumplir las exigencias del rescate financiero de la UE y el Fondo Monetario Internacional por 78.000 millones de euros a cambio de un ajuste severo y de reformas que el ejecutivo de Lisboa está cumpliendo estrictamente.

El episodio de un presidente pidiendo la sanción de los presupuestos por el Constitucional ya se dio en Portugal en 2003, pero entonces los jefes del Estado y del gobierno no pertenecían al mismo partido. Era presidente el socialista Jorge Sampaio y primer ministro, el conservador, José Manuel Durao Barroso, hoy presidente de la Comisión Europea.