En la cumbre de dos dís de jefes de Estado y de gobierno que concluyó este miércoles en Dili, capital de Timor Oriental, Portugal fue el último en resistirse a la incorporación. Pero el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, cedió finalmente a la presión de Brasil y de Angola, los más interesados en participar en el botín petrolero ecuatoguineano.

La CLP congrega a Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal , Santo Tome y Príncipe y Timor Oriental.

Entre la independencia en 1968 y el inicio de la explotación de petróleo, Guinea Ecuatorial era tildada de dictadura feroz.

Pero cuando la compañía estadounidense Mobil comenzó la extracción petrolera en 1996, la dictadura del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, comenzó a beneficiarse del «mirar para otro lado» de los países poderosos.

Gradualmente, el peso del petróleo se impuso sobre el de los derechos humanos y países con poder de decisión en la región y en el mundo, se fueron mostrando interesados en participar en la explotación del crudo. La producción petrolera del país se duplicó por 10 en los últimos años y es ya la tercera de África subsahariana, tras Angola y Nigeria.

«La oligarquía cleptocrática de Guinea Ecuatorial se convierte en una de las dinastías más ricas del mundo. El país empieza a ser conocido como el ´Kuwait de África´ y las principales petroleras del mundo – ExxonMobil, Total, Repsol- se instalan allí», analizó el semanario lisboeta Visão.

La publicación recordaba que la excolonia española tiene un producto interior bruto por persona de 24.035 dólares, 4.000 más que Portugal, mientras que el 78 por ciento de sus 1,8 millones de habitantes vive con menos de un dólar diario.

Para parte de la comunidad internacional, «desde 1968 han existido dos Guineas Ecuatoriales, la de antes y la de después del petróleo», nos dice el abogado ecuatoguineano Ponciano Nvó, destacado defensor de los derechos humanos en su país, durante su visita de tres días a Portugal, invitado por Amnistía Internacional.

Pese a las tasas de crecimiento del 33 por ciento de media en la última década, la enorme riqueza de Guinea Ecuatorial no ha supuesto mejores condiciones económicas para su población, pero sí ha otorgado cierta «legitimidad» internacional al régimen, coronada ahora por el ingreso en la CPLP.

Desde la primera postulación, en 2006, la CPLP mantuvo una postura ambigua, restringiendo la la candidatura de Malabo a estado asociado y colocando los requisitos de la eliminación de la pena de muerte y la introducción del portugués como idioma oficial en el país para lograr la participación plena.

«Portugal no debe aceptar dentro de la comunidad a un régimen violador de derechos humanos, sería un error político», también de la CPLP, dijo en una declaración el martes 22, Andrés Eso Ondo, líder de Convergencia para la Democracia Social , el único partido de oposición permitido, que cuenta con un escaño en el parlamento. Los otros 99 pertenecen al gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial.

En Portugal, las reacciones fueron de indignación. El propio presidente, el conservador Aníbal Cavaco Silva, permaneció impasible en su asiento en Dili y no participó en la ovación a Obiang de los demás jefes de Estado como bienvenida a la CPLP. Mientras, en Lisboa, destacados políticos no ahorraron adjetivos críticos por la actitud complaciente del gobierno.

El diputado socialista João Soares sostuvo que la adhesión de Guinea Ecuatorial a la CPLP es «una vergüenza para Portugal y un error monumental», mientras la eurodiputada Ana Gomes, del mismo partido, calificó de inaceptable haber recibido en la comunidad a «un régimen dictatorial y criminal, que tiene procesos en Estados Unidos y Francia por delincuencia económica y financiera».

«Los muertos no son solo los que han sido condenados a la pena de muerte en un tribunal, unas 50 personas fusiladas en virtud de sentencias, sino que ese número lo podemos multiplicar por cien, por las desapariciones de personas», nos explica Nvó sobre las víctimas de la represión.

En los 46 años de independencia, «en el primer gobierno, de Francisco Macías Nguema, fueron asesinados todos los dirigentes opositores en las cárceles, sin juicio, acusados de atentados contra el presidente, 'trabajo' realizado por el actual presidente, que era el director de la cárcel, que hizo una limpieza, antes de derrocar a su tío», acotó.

Antes del hallazgo del petróleo, «Obiang nunca vio posible ingresar a la CPLP, pero en la Guinea Ecuatorial del petróleo, todos los objetivos del presidente son posibles», lamenta.

El abogado entiende este ingreso «como un paso más de la estrategia de Obiang, que quiere pertenecer a todos los organismos internacionales posibles para su lavado de imagen. Ya perteneció a la comunidad hispánica de naciones, pero después se convenció de que con España nunca conseguiría nada, luego pasó a la francofonía, pero no duró por los conflictos de su hijo con la justicia francesa».

Ahora, la CPLP se conforma con una moratoria de la pena de muerte, que sigue en la ley. Su aplicación depende solo del jefe de Estado. «Es una burla intelectual», sentencia Nvó.

El canciller de Guinea Ecuatorial, Agapito Mbo Mokuy, recordó el martes a la agencia portuguesa Lusa que su país «fue colonizado más tiempo por Portugal que por España, (307 años de dominio luso frente a 190 español), por lo que los lazos con la lusofonía son muy fuertes, históricos». «Integrar hoy la CPLP es simplemente regresar a casa», afirmó.

En diálogo telefónico, el expresidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, afirmó que «estoy de acuerdo con las contundentes críticas de la denuncia de la pena de muerte y violaciones graves de los derechos humanos que se cometen en ese país» y dio crédito a las denuncias sobre el régimen de organizaciones internacionales.

No obstante, Ramos-Horta cree que «la acción concertada, inteligente, prudente y persistente de la CPLP ante el régimen de Guinea Ecuatorial, logrará las primeras mejoras después de algún tiempo».

A cambio del ingreso, el exmandatario timorense recomendó a la CPLP establecer una agenda para forzar a Obiang a eliminar la pena de muerte, la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.

También deben incluirse, apuntó, la mejora de las instalaciones y el tratamiento de los reclusos; acceso a las cárceles por la Cruz Roja Internacional y en una etapa posterior, la apertura en Malabo de una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Una de las voces más críticas contra lo sucedido en Dili fue la del catedrático de Ciencias Políticas José Filipe Pinto, quien aseguró que allí triunfó una suerte de «diplomacia con chequera», donde Malabo puso sobre la mesa la posibilidad de invertir en los países de la CPLP gracias a la riqueza de sus recursos naturales.

Opinó que «una organización debe tener intereses y principios» y deploró que «algunas elites y la crisis se encargaron de eximir los segundos».