Ningún voto de la oposición ha estado con el Partido Popular, pero este ha sacado adelante su ley. Las mayorías absolutas dan ese poder. Ahora enviará la ley al Senado donde también cuenta con mayoría.

Las demandas fundamentales de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) no se han recogido en la ley que ha aprobado el PP: no habrá dación en pago retroactiva, ni paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios, ni la posibilidad de que las personas puedan permanecer en sus casas en régimen de alquiler social.

La ILP con las casi 1,5 millones de firmas no ha podido hacer nada contra el muro del gobierno que no parece saber qué está ocurriendo en la calle. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha hecho un gesto que no pasa de ser simbólico, ha decidido retirar la Iniciativa para que no parezca que está de acuerdo de alguna manera con la ley que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy (el reglamento del Congreso no permite que se retire la Iniciativa una vez que está en tramitación)

Para el diputado de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, el PP ha diseñado una ley al dictado de los bancos «La voluntad última siempre depende de las entidades financieras y no hay un mecanismo distinto de este para buscar un acuerdo».

La portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha señalado que la dación en pago «no ha supuesto la quiebra para ningún país ni para el sistema financiero». Por su parte el portavoz adjunto de UpyD, Carlos Martínez Gorriarán ha dicho que «la mayoría absoluta es muy importante, pero no da la razón absoluta. Y menos cuando uno se empecina en la irracionalidad».

Las pancartas de «Sí, se puede» no han reflejado la realidad de lo que ha sucedido, había que leer el reverso donde dicen «Pero no quieren». La ley que ha aprobado el PP paraliza durante dos años los desalojos en determinados supuestos de vulnerabilidad e impulsa la creación de un fondo social de viviendas para desahuciados. También la obligación de los bancos de renegociar la deuda hipotecaria.

Siguiendo la decisión de la UE que ha dictaminado que algunos aspectos de la ley hipotecaria española son ilegales, limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y autoriza a que se suspendan los desalojos si existen cláusulas abusivas.

Mientras, la Audiencia Provincial de Burgos ha establecido este jueves que no se señalará ninguna subasta, ni habrá ningún desahucio, sin que previamente un juez haya analizado y valorado la posibilidad de que en la escritura existan cláusulas abusivas, nulas o ilícitas que puedan permitir la paralización del desalojo.

Es la primera resolución, contra la que no se puede presentar recurso, que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE sin menoscabo del sistema hipotecario nacional.

Por su parte la Comisión Europea analiza la ley antidesahucios aprobada por la Junta de Andalucía, para ver si es incompatible con el memorándum (MoU) impuesto a España a cambio del rescate de los bancos. La ley permite expropiar viviendas en riesgo de desahucio a los bancos durante los próximos tres años e imponer multas a los dueños de inmuebles desocupados que pueden llegar a 9.000 euros,

El MoU obliga a España a consultar con la troika cualquier reforma de una ley que pueda afectar al sistema financiero.